SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha condenado a un joven al pago de 425 euros como resultado del juicio de faltas seguido contra él por incendiar un contenedor en la capital hispalense, proceso en el que el Ayuntamiento de Sevilla se presentó como acusación particular, como consecuencia del deterioro producido en mobiliario urbano.
En rueda de prensa, el concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Fernández, junto con el gerente de la empresa municipal de limpieza (Lipasam), Alfonso Mir, se congratuló del resultado del fallo judicial, surgido como "resultado del compromiso municipal contra aquellas actitudes que distorsionen la convivencia ciudadana".
En la sentencia se considera como hecho probado, basándose en la declaración de testigos presenciales y en la confesión del encartado, que V.V.G. procedió el pasado 26 de abril a la quema de un contenedor en la intersección de las calles Ballenas y Cruz del Sur, en la barriada de Los Pajaritos, "porque se había peleado con su madre", según añadió el propio Fernández.
Concretamente, la sentencia se desgrana en el pago indemnizatorio a Lipasam de una cantidad económica de 379,97 euros, que irá destinada a la reposición del contenedor incendiado, así como el pago de una sanción de 45 euros, a razón de tres euros diarios durante quince días.
Fernández, que recordó que esta resolución constituye la primera desde que el Ayuntamiento decidiera personarse como acusación particular en estos casos, calificó la multa de "leve", aunque no ocultó su "satisfacción y alegría por lo que la sentencia significa de favorable para los intereses de la ciudad".
Asimismo, el edil de Gobernación expuso que, en caso de que esta actuación se hubiese acometido con la Ordenanza Antivandálica ya en vigor --su puesta en práctica está prevista, aproximadamente, para inicios de 2007, tras su elevación a Junta de Gobierno, prevista para julio, y su traslado a sesión plenaria en septiembre u octubre de este año--, V.V.G. hubiera debido acometer, al margen de la reposición del contenedor, el pago de una cantidad que iría de 15.000 a 30.000 euros, por constituir una falta muy grave.
Como faltas muy graves están también contempladas, en el texto de la futura ordenanza, el daño "evidente y flagrante" a mobiliario e infraestructuras urbanas tales como contenedores, papeleras, marquesinas o farolas; el impedimento de la normal ocupación del espacio público o de la puesta a efecto de servicios públicos; el incendio de vehículos o los actos vandálicos en edificios calificados como históricos.
Mir, al respecto de la quema de contenedores, añadió que la cantidad económica destinada como media cada año a la reposición de este tipo de recipientes ronda los 480.000 euros. Fernández concluyó que, aunque no se experimenta un repunte significativo de esta práctica, "mientras haya un solo contenedor incendiado seguiremos insatisfechos".
