Sevilla.- Conservacionistas elevaran a Fiscalía el caso del dolmen de Montelirio si la Junta "no justifica" su actuación

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Aljarafe Habitable elevara a la Fiscalía la reducción del entorno de protección del dolmen de Montelirio, ubicado en Castilleja de Guzmán (Sevilla) y declarado Bien de Interés Cultural, en el caso de que la Junta de Andalucía "justifique" los motivos por los que aprobó una reducción que, en el expediente de su declaración de protección, se ajusta "al dedillo" a la requerida por el Ayuntamiento.

Uno de los miembros de Aljarafe Habitable, Eduardo Apellániz, explicó a Europa Press que el caso del dolmen de Montelirio se remonta al 24 de septiembre 2001, cuando la Delegación provincial de la Consejería de Cultura abrió un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para un conjunto dolménico formado por cinco dólmenes de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.

No obstante mientras se tramitaba la declaración de Bien de Interés Cultural el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán anunció una "modificación puntual" de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) solicitando una reducción de la protección del citado dolmen, ubicado en su término municipal. Según Apellániz, la Delegación provincial de Cultura, entonces dirigida por María Isabel Montaño, informó favorablemente sobre esa modificación "puntutal" del PGOU.

Una vez que la Delegación provincial de Cultura informó de su actuación a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, este organismo valoró que no había "justificación arqueológica o topográfica" para reducir la protección que se contemplaba en la declaración de Bien de Interés Cultural, ratificando los términos con los que ésta comenzó a incoarse en 2001.

No obstante, y siempre según Eduardo Apellániz, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), acabó publicando la declaración de Bien de Interés Cultural con una reducción del entorno de protección "que se ajusta misteriosamente" a la solicitada por el Ayuntamiento y admitida por la Delegación provincial de Cultura.

Ante tal circunstancia, Aljarafe Habitable remitió a la Dirección General de Bienes Culturales una denuncia "con 51 páginas y varios planos", solicitando una "justificación" de que finalmente se aceptase la reducción de la protección. Además, el caso ha sido expuesto al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al objeto de que requiera información al respecto.

Así, concluyó advirtiendo de que si la Junta no responde a su denuncia o informa al Defensor del Pueblo Andaluz "pondremos el caso en la Fiscalía", porque "alguien tiene que responder".