SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cuatro familias abandonaron en la tarde de hoy las viviendas de protección oficial del barrio de la Farfana ocupadas ilegalmente desde hace una semana, aunque aún son 20 las VPO ocupadas pese a que una orden judicial obliga a los ocupas a desalojar voluntariamente los inmuebles.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Local, que mantiene un operativo conjunto con la Guardia Civil en las inmediaciones de las viviendas para evitar altercados, estas cuatro familias dejaron los pisos a lo largo de la tarde de hoy.
No obstante, las mismas fuentes precisaron que la situación está "tranquila" y añadieron que "no se sabe si en los próximos días abandonarán las viviendas algunas familias más".
Anteriormente ya se habían producido un par de desalojos voluntarios más, pero se incorporaron otros tantos ocupas, y fuentes de la Benemérita consideraron que no se producirá un desalojo masivo voluntario y la situación continuará así "hasta que se tomen otro tipo de medidas".
Una vez que se cumpla el plazo establecido judicialmente para abandonar las viviendas de forma voluntaria, "el juez decidirá de nuevo si se actúa directamente o se les envía una última notificación".
Por su parte, el alcalde del municipio, Marcos Quijada, explicó a Europa Press que espera que "una parte importante acceda a desocupar las viviendas, porque estamos ante una orden judicial y todo el mundo tiene que ser consciente de lo que supone".
Asimismo, Quijada manifestó su deseo de que "se imponga la sensatez y la cordura" entre los ocupas y reafirmó que "la administración no puede permitir las ocupaciones violentas y así lo ha entendido el juez".
"La solución no pasa por darle una patada a la puerta", añadió el primer edil ursaonense, que denunció el pasado martes ante el juez la ocupación ilegal de 17 viviendas de protección oficial de una promoción de 40 pisos sociales, cuya lista de adjudicación provisional se hizo pública el lunes de la semana pasada.
Con respecto a los ocupantes de las viviendas, Quijada aclaró que "no todos son solicitantes a los que no se ha adjudicado una vivienda" y explicó que argumentan que "la adjudicación es injusta y que a ellos les hace más falta una vivienda", aunque aseguró que el Ayuntamiento "lleva un año baremando la situación económica, social y familiar de los solicitantes".
Efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil de Osuna vigilan desde el principio que no se produzcan altercados entre los adjudicatarios provisionales y los ocupas de las VPO de la Farfana.
CRITICAS DEL PP
Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Osuna, Miguel Angel Arauz, achacó la ocupación a la "mala gestión" del equipo de gobierno en el proceso de adjudicación de las mismas y aseguró que éste está "cargado de mala gestión y ocultismo", ya que "los datos no se actualizan desde hace dos años".
En este sentido, se refirió al sorteo "cargado de populismo y demagogia" celebrado "para dirimir en los casos de empate de puntos entre varios solicitantes" y añadió que existen "algunas cosas dudosas" en el proceso, además de criticar que "a la oposición se le ocultaban los datos", circunstancias que llevaron al PP a abandonar la Comisión de Vivienda.
Del mismo modo, señaló a Europa Press la influencia que ha podido tener sobre la ocupación ilegal de las viviendas el hecho de que "IU y SOC han alentado esta forma de actuar en otras ocasiones, la de ocupar lo que uno cree que le pertenece con la ocupación de fincas, por ejemplo", lo que según el portavoz popular "ahora se le vuelve en contra".
Con respecto a la actuación del alcalde del municipio, Marcos Quijada (IU), en el conflicto, Arauz consideró que "echa balones fuera echando la culpa a la Junta de Andalucía y legitima el fondo de la reivindicación, aunque no las formas".
"Tiene una confusión mental entre los hechos y lo que se debe hacer, entre lo que dice y lo que hace", añadió el edil del PP, quien lamentó que "los más perjudicados son desgraciadamente los que están allí".