SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Provincial en Sevilla, ha iniciado "la incoación de un procedimiento sancionador por supuesta infracción de la Ley de Patrimonio Histórico Español, por obras no autorizadas y destrucción de restos arqueológicos" en los trabajos que el Consistorio viene desarrollando en la Puerta de Jerez y la Avenida de la Constitución, al menos desde el pasado mes de marzo, con motivo de la construcción del denominado Metrocentro.
El delegado provincial de Cultura, Bernardo Bueno, explicó hoy, en declaraciones a Europa Press, que dichas obras no fueron autorizadas hasta el pasado 26 de abril por la Consejería, pese a haber comenzado al menos en el mes de marzo. Asimismo, recordó que la destrucción de cuatro hornos cerámicos almohades del siglo XII, a causa de estos trabajos, tampoco había sido autorizada. Por ello, ahora se iniciará un procedimiento administrativo que puede concluir "en nada o en una multa" para el Consistorio hispalense.
Según la citada norma, consultada por Europa Press, "la realización de obras en sitios históricos o zonas arqueológicas sin la autorización exigida" puede ser sancionada "con multas de hasta 150.000 euros". De otro lado, la ley establece que la infracción para la destrucción de bienes puede ser sancionada de dos formas; si la lesión al Patrimonio ocasionada (...) es valorable económicamente, "la infracción será sancionada con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado". En caso de que no pueda ser tasado el bien, la multa podría llegar hasta los 600.000 euros.
En opinión del delegado, "el Ayuntamiento no ha cumplido las normas y, por lo tanto, se abre este expediente sancionador". Sin embargo, Bueno prefirió "no juzgar" la actuación del Gobierno local.
En cuanto al desarrollo de los hechos, Bueno narró que el pasado 30 de marzo el servicio de Bienes Culturales de la Delegación emitió un informe sobre las obras que se estaban realizando en la Puerta de Jerez y, ese mismo día, Bueno dictó una resolución por la que se paraban los trabajos, algo que se comunicó a la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (Emasesa), y a la Gerencia de Urbanismo.
Al día siguiente, el 31 de marzo, se recibió en Cultura, por parte del Colegio de Arqueólogos, una solicitud de paralización de obras, así como una petición para que se tomasen "las medidas arqueológicas pertinentes".
Ese mismo día, la Delegación recibió por parte de Tussam el plan de actuaciones para la ejecución del metro ligero en superficie entre el Prado de San Sebastián y la Plaza Nueva, y "el proyecto de construcción del microtúnel, en la Avenida de la Constitución, y el de reposición de redes generales de Emasesa" en la misma vía. De igual modo, se recibió un informe del director de las obras de Emasesa --paralizadas en aquel momento-- pidiendo la continuidad de los trabajos "por criterios de seguridad".
El 5 de abril, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ve el proyecto de Emasesa y emite un informe que autoriza las obras, "a expensas de la entrega de la intervención arqueológica preventiva", un proyecto que debía ser informado o aprobado por la Delegación Provincial y autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura.
El 17 de abril, Bueno recibe de la dirección de las obras una comunicación en la que se pide que "por motivos de seguridad se modifique la cautela de realizar la excavación arqueológica, en determinados pozos, arquetas y tramos de la obra".
El 20 de abril, el delegado provincial dictó una resolución sobre la autorización de las obras, en la que reiteró que previamente al reinicio de los trabajos se debía redactar el proyecto de intervención arqueológica preventiva, que tendría que contemplar la excavación arqueológica de los espacios donde se iban a construir las arquetas de conexión y las salidas al exterior, así como aquellos puntos de máximo riesgo por la presencia de los lienzos de muralla que podrían verse afectadas por las obras".
Igualmente, según añadió Bueno, esas medidas debían ir acompañadas del debido control arqueológico y dicho proyecto debía ser informado por la Delegación y autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales. Más tarde, ese mismo día, Emasesa entregó en la Delegación dicho proyecto, que Bueno remitió a la Dirección General de Bienes Culturales.
Al día siguiente, el viernes 21 de abril, Emasesa remite otro escrito a Cultura ratificándose "en la incompatibilidad de las medidas de seguridad con la realización de excavaciones arqueológicas". Ante esto, el día 24, lunes de Feria, el delegado le respondió a Emasesa con otro escrito, indicándole la "obligatoriedad de la adecuación de la actividad" a la protección arqueológica, "comunicándosele que en el caso de que las actividades arqueológicas generasen la adopción de medidas de seguridad y salud laboral no contempladas previamente, tendrían que ampliarse esas medidas, siempre siendo responsable la empresa que realiza las obras".
El martes, Emasesa nombra al responsable de esas obras preventivas y, ese mismo día, la Delegación envía a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería el proyecto de intervención arqueológica".
DESTRUCCIÓN DE HORNOS
Más tarde, ese mismo día, se recibe en Cultura un informe sobre las actuaciones en la Puerta de Jerez, suscrito por la arqueóloga que firma proyecto de intervención de Emasesa, que señala que se han personado en las obras y que en la arqueta que está abierta en dicha zona, en la que había cuatro hornos cerámicos árabes, "éstos se han cortado por las pantallas de hormigón puestas por la empresa, sin la autorización de Delegación Provincial". Ese mismo día, el arqueólogo de Cultura emitió un informe confirmando esa pérdida.
La Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio 'Ben Baso' denunció ya que los operarios de Emasesa habían destruido los hornos almohades del siglo XII descubiertos en la Puerta de Jerez durante las obras "aprovechando el momento del almuerzo de los arqueólogos".
Finalmente, el día 26, miércoles de Feria, las obras de Emasesa fueron autorizadas por Cultura, por lo que desde que se empezaron en marzo dichos trabajos, responsabilidad del Ayuntamiento, se habían realizado sin permiso de la Junta.
Antes de autorizarlas, el día 25 --tras descubrirse la destrucción de los hornos-- Bernardo Bueno dictó una resolución de incoación del procedimiento sancionador contra el promotor de las obras --el Ayuntamiento-- por una supuesta infracción de la Ley 16/85 de 25 julio de Patrimonio Español, por obras no autorizadas al inicio por la Delegación, y por destrucción de restos arqueológicos.