SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Sevilla aclaró hoy que su representante en la vista oral celebrada hoy en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla por el caso de las facturas falsas del distrito Macarena ha cometido un error al adherirse al pronunciamiento del Fiscal, que mantuvo su acusación para el ex delegado del distrito José Antonio García, el ex secretario José Marín, el empresario José Pardo y el colaborador Manuel Portela, exculpando al también colaborador Antonio Pazo y al socio de Pardo Jesús Barrera.
Fuentes de la asesoría jurídica del Ayuntamiento hispalense indicaron a Europa Press que el representante del Consistorio en la citada vista ha cometido "un error de posicionamiento" al adherirse sin matices al pronunciamiento del Ministerio Fiscal, que hoy ha exculpado a Jesús Barrera --socio del empresario José Pardo-- y a Antonio Pazo --colaborador del Distrito Macarena--.
Dado que el Fiscal mantuvo la imputación para el que fuera delegado del distrito José Antonio García, el ex secretario del mismo José Marín, el empresario José Pardo y a Manuel Portela, las citadas fuentes aclararon que sus acciones judiciales no irán contra los tres imputados cuyo pasado está vinculado al Consistorio hispalense.
En ese sentido, precisaron que las acciones jurídicas se dirigirán "única y exclusivamente" contra la persona de José Pardo por suplantar presuntamente el nombre de la empresa y obtener aprovechamiento económico de los errores administrativos del Ayuntamiento.
Durante la vista oral de hoy, y según establece la Ley del Tribunal del Jurado, se concretó formalmente la imputación de los delitos que se les atribuyen, malversación y falsedad documental. La representación del Ayuntamiento de Sevilla en la causa se había adherido a las imputaciones defendidas hoy por el fiscal, mientras que desde el PA --que denunció el caso en el primavera del año pasado-- sí mantuvo la imputación para Barrera y Pazo.
Así las cosas, se informó también que letrados de la defensa han pedido la realización de nuevas pruebas "a la vista de que hay graves errores en los informes periciales, por lo que pedimos que se haga un nuevo informe de los peritos a la luz de la nueva información que les damos. Hay obras que luego hizo la gerencia, Emasesa o que han ido a otro parque, por lo que pedimos un informe obra por obra, para ver si los peritos se ratifican o si ha podido haber, o no, algún error", según defendió la defensa de José Marín.
El letrado, que anunció que ha pedido el archivo de la causa abierta contra su defendido, alegó que "son pruebas fundamentales, esclarecedoras y necesarias", si bien lamentó que el fiscal "dice que no es necesario hacer más pruebas, al menos las pedidas por nuestra parte, porque ya está todo muy claro. El Ayuntamiento también se opone a nuestras pruebas". Además, aseveró que a José Marín "le han engañado completamente. En cualquier caso, decimos que habría una estafa porque no hemos participado en malversación".
Por su parte, la defensa de José Antonio García dijo que también ha pedido la libre absolución "porque no hay elementos que incriminen" a su defendido y, entre otras cosas, resaltó que el fiscal, en un escrito de tres folios, "sólo lo menciona en dos ocasiones para manifestar lo mismo que este letrado, que García firmaba cheques que el encargado de tramitar las obras extendía previamente". Por ello, tildó de "anémica y carente de base jurídica" la imputación de su defendido.
Así las cosas, el letrado del PA aseguró no tener reparo en que las pruebas solicitadas se lleven a cabo "si se estiman convenientes" y manifestó que en el Distrito Macarena había "una trama para facturar obras no realizadas y hay indicios como para que el procedimiento siga" contra los seis imputados que considera el partido.
Las fuentes reseñadas precisaron que hoy se preguntó a los acusados si tenían algo que añadir y que todos dijeron que se adhieren a lo dicho por sus letrados. Además, comentaron que la vista estuvo a punto de no celebrarse hoy por la falta de ordenadores en la sala, algo que se hubiera producido de no ser "porque el decano ofreció su ordenador portátil personal".
El caso de las supuestas facturas falsas del Distrito Macarena fue denunciado en marzo de 2005 por el grupo municipal del PA en el Ayuntamiento hispalense, que aseguraba que se había realizado un libramiento de 600.000 euros concedido al ex concejal responsable del Distrito Macarena en mayo de 2003.
Este incluía "al menos dos facturas falsas", lo que para los andalucistas podría constituir "un presunto delito de falsedad documental y de malversación de fondos públicos". Los andalucistas indicaron que los documentos reflejan que "se facturó a una empresa --Contratas y Obras de Sevilla-- por un concepto falso, demoler unos módulos en las barriadas de San Diego y Las Almenas, que hoy siguen en pie".
