Sevilla.- Facturas.- PA y PP celebran la continuidad del proceso contra los imputados "vinculados" al PSOE y al alcalde

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de oposición del Ayuntamiento de Sevilla --PP y PA-- destacaron hoy el hecho de que el Juzgado de Instrucción número 15 haya procesado a "personas vinculadas directamente al PSOE" y "colaboradores" del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en el caso de las facturas falsas detectadas en el distrito Macarena, dado que la juez ha dictado la continuación del proceso contra ex delegado del distrito José Antonio García, el ex secretario José Marín, el empresario José Pardo y el colaborador Manuel Portela.

El portavoz municipal del PA en el Consistorio hispalense, Agustín Villar, explicó a Europa Press que la decisión de la citada instancia judicial pone de relieve que la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento a consecuencia del caso de las facturas falsas "se cerró en falso" e "investigó de todo, menos lo que realmente debía investigar".

En ese sentido, puso especial relevancia en el hecho de que la juez titular de la citada instancia haya decidido continuar el procesamiento contra personas "que actuaban por delegación directa del alcalde, que eran colaboradores", pues finalmente el juzgado a sobreseido las actuaciones en cuanto al también colaborador Antonio Pazo y al socio de Pardo Jesús Barrera. "El Ayuntamiento está salpicado de escándalos y corrupción", aseveró el dirigente andalucista.

Además, advirtió de que la resolución de la juez, prueba que el caso de las facturas falsas del distrito Macarena deriva de una "trama" organizada y no de "un empresario aprovechado", pues el Juzgado de Instrucción número 15 ha solicitado al Ayuntamiento que especifique las relaciones concretas de los servicios prestados por Contratas Y Obras de Sevilla al Consistorio.

El portavoz municipal del PP, Jaime Raynaud, dijo por su parte que la instrucción del caso ha llevado a una situación en la que Alfredo Sánchez Monteseirín "no puede permanecer ni un minuto más en el sillón de la Alcaldía", pues los procesados "están vinculados directamente al PSOE y personas de su confianza", destacando el "enorme contenido político" de la resolución judicial.

Para Raynaud, el alcalde "no tiene el apoyo de su propio partido, pero le llegan puntales de fuera", en alusión a la coalición entre PSOE e IULV-CA. Esto le llevó a criticar el "apoyo vergonzante" de IULV-CA al alcalde pese a los progresos del caso, que supuso en su día la dimisión de José Antonio García y José Marín.

PROCESAMIENTO Y EXCULPACIONES

El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, al que tuvo acceso Europa Press, recoge las peticiones del Ministerio Fiscal, que el pasado 18 de abril solicitó la continuidad del procesamiento contra ex delegado del distrito José Antonio García, el ex secretario José Marín, el empresario José Pardo y el colaborador Manuel Portela, exculpando al también colaborador Antonio Pazo y al socio de Pardo Jesús Barrera.

Así, la juez mantiene la causa contra los cuatro primeros acusados y decreta el sebreseimiento de las actuaciones contra los dos restantes al entender que "no resulta debidamente acreditado" que la intervención de Barrera y Pazos en los hechos sea constitutiva de infracción penal. El pasado 18 de abril, la representación jurídica del Ayuntamiento se había adehrido a las peticiones del Ministerio Público, que han sido asumidas por la juez en este auto, un "error" que aclaró asegurando que sus acusaciones se dirigían contra los imputados en el caso que no habían estado vinculados al Consistorio, el empresario José Pardo, su socio Jesús Barrera y los colaboradores Portela y Pazo.

EL CASO

El caso de las supuestas facturas falsas del Distrito Macarena fue denunciado en marzo de 2005 por el grupo municipal del PA en el Ayuntamiento hispalense, que aseguraba que se había realizado un libramiento de 600.000 euros concedido al ex concejal responsable del Distrito Macarena en mayo de 2003.

Este incluía "al menos dos facturas falsas", lo que para los andalucistas podría constituir "un presunto delito de falsedad documental y de malversación de fondos públicos". Los andalucistas indicaron que los documentos reflejan que "se facturó a una empresa --Contratas y Obras de Sevilla-- por un concepto falso, demoler unos módulos en las barriadas de San Diego y Las Almenas, que hoy siguen en pie".