SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador provincial de IULV-CA en Sevilla, Sebastián Martín Recio, reclamó hoy la creación de una comisión de investigación en la Diputación provincial para esclarecer el caso de las facturas irregulares presentadas por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad y la modificación del reglamento de subvenciones de dicho organismo, aunque creyó "casi imposible" que prosperen tales iniciativas dada la mayoría absoluta del PSOE.
En rueda de prensa, el coordinador provincial de la coalición y alcalde de Carmona compareció junto a los miembros del Grupo de diputados provinciales para abordar la "enfermedad" y la "corruptela" que, en su opinión, ha quedado de manifiesto a consecuencia de la detección de dos facturas que la organización de asociaciones vecinales justificó de forma irregular ante la Diputación, un caso que se ha saldado con las dimisiones de la presidente de Unidad, Angeles Nevado, y del asesor socialista Angel Cervera, marido de la primera.
El dirigente de IULV-CA defendió la necesidad de que la Diputación cree una comisión de investigación que esclarezca las "responsabilidades" del caso de las dos facturas que la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos justificó de forma irregular y de la factura duplicada que se cargó tanto al Ente supramunicipal como al Consistorio de Sevilla.
Martín Recio criticó que el 80 por ciento de las subvenciones que concede la Diputación se dirigen "con arbitrariedad a ámbitos de la misma familia política" y denunció la creación de "redes clientelares que adormecen a las asociaciones civiles convirtiéndolas en dependientes de las instituciones a través de las subvenciones".
Tal extremo, obedece a los criterios "arbitrarios" que rigen el reglamento de subvenciones de la Diputación provincial, cuyo presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, "tiene en sus manos" la potestad de otorgar ayudas de carácter extraordinario "sin control alguno".
En ese sentido, el diputado provincial Manuel Gutiérrez Arregui explicó que durante 2005 la Diputación concedió el 71 por ciento de las ayudas excepcionales destinadas a los ayuntamientos a administraciones locales "gobernadas por el PSOE", circunstancia que en 2004 se elevó al 91,79 por ciento y en 2003 al 97,26 por ciento.
En cuanto a las subvenciones concedidas a las organizaciones y plataformas sociales, Gutiérrez Arregui señaló que en 2005 el 75 por ciento de los tres millones de euros consignados por la Diputación para este concepto se libraron mediante procedimientos de carácter extraordinario.
Por eso, el coordinador provincial de IULV-CA reclamó una "modificación" del reglamento de subvenciones al objeto de dotarlo de "la mayor transparencia posible", idea que los miembros de la coalición llevarán al próximo pleno de la Diputación junto con la petición de que se cree una comisión de investigación que aclare las circunstancias en las que se produjeron las irregularidades detectadas sobre las ayudas concedidas a Unidad.
"CASI IMPOSIBLE"
No obstante, el propio Martín Recio creyó "muy difícil" e incluso "casi imposible" que el Gobierno de la Diputación provincial permita la creación de una comisión de investigación, dada la mayoría absoluta de la que goza el PSOE y la "opacidad" que, a su juicio, caracteriza al Equipo de Gobierno.
En ese sentido, recordó que en el caso de las facturas falsas detectadas en el Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla sí se llevó a cabo una comisión de investigación, al tiempo que el caso se saldó con varias dimisiones, extremos que vinculó a la presencia de IULV-CA en el Gobierno municipal. "Son casos similares, con personajes que coinciden, pero en diferentes instituciones", admitió.
"Aquí va a ser difícil que haya comisión de investigación o que dimita alguien", dijo Sebastián Martín Recio para luego criticar que el Gobierno de la Diputación "no nos haya dejado ver documentación con el asesor económico" del grupo cuando sí confió en la gestión de Angel Cervera, quien ya dimitió de su cargo de asesor en el Ayuntamiento de Sevilla tras conocerse que su empresa facturó al Consistorio un trabajo de cartelería.