Sevilla.- El MAPA pide a la Junta el listado de beneficiarios de cultivos de regadío para cumplir la sentencia del TSJA

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha solicitado a la Junta de Andalucía la actualización del listado de posibles receptores de las ayudas que el Gobierno central adeuda a agricultores de regadío sevillanos, con el fin de poder dar cumplimiento a la reciente resolución firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al respecto.

La Dirección General de Agricultura del Ministerio solicitó al FEGA el listado de posibles beneficiarios y éste, a su vez, pidió a la Administración autonómica la actualización de esta lista, al tiempo que el MAPA informó a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea sobre este asunto, indicaron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Elena Espinosa.

Todas estas actuaciones han sido comunicadas por el MAPA al TSJA, que había establecido un plazo que concluyó ayer para que el Gobierno informara a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los acuerdos adoptados para pagar a los agricultores sevillanos las ayudas que les adeudan por la anulación del Plan de Regionalización Productiva del regadío de la provincia.

En 1994 Asaja-Sevilla interpuso un recurso contra el Plan de Regionalización Productiva elaborado dos años antes por el MAPA, ya que, a su juicio, era "discriminatorio para los agricultores sevillanos, pues establecía unos rendimientos por hectárea que estaban por debajo de los rendimientos reales".

Según la organización agraria, los agricultores de regadío de la provincia dejaron de percibir un total de 20 millones de euros anuales en las dos campañas de aplicación de este Plan.

Así, el TSJA dictó sentencia en julio de 1999 reconociendo el derecho de los agricultores y titulares de explotaciones de regadío de la provincia a recibir las ayudas correspondientes a las campañas 1993/94 y 1994/95 en base a los rendimientos solicitados en la demanda de Asaja-Sevilla. El Estado presentó un recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo, quien en septiembre de 2002 falló a favor de los agricultores y declaró firme la sentencia dictada por el TSJA.

En relación a este fallo, notificado al MAPA en febrero de 2003, el Ministerio formuló un incidente de ejecución para que el TSJA determinase de qué manera había de dar curso al pago de las diferencias entre los rendimientos reconocidos en la Sentencia y los pagados en su fecha.

El último auto emitido por el TSJA, al que tuvo acceso Europa Press, establece que "la interposición de un recurso de casación contra un auto resolviendo un incidente de ejecución no puede impedir la ejecución de una sentencia firme", por lo que instó al Ministerio a informar sobre los acuerdos adoptados para llevar a efecto lo resuelto en la sentencia.

Asaja-Sevilla calcula que, como consecuencia de la anulación del Plan de Regionalización Productiva, el MAPA adeuda 60 millones de euros a más de 5.000 agricultores de regadío de la provincia de Sevilla "para corregir así el desatino cometido por el propio Ministerio de Agricultura en 1992, cuando estaba bajo la titularidad del actual ministro de Economía, Pedro Solbes".