Sevilla.- Otainsa asegura que no intervendrá en el conflicto de la casa ocupada de Aniceto Sáenz

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Técnica de Asistencia a Inquilinos en Situaciones de Abuso (Otainsa), dependiente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, no prevé intervenir en el conflicto surgido a consecuencia de que la la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán intentase desalojar a los ocupas que habitan en el número 23 de la calle Aniceto Sáenz, un edificio de su propiedad en el que desde hace varios años residen alrededor de una docena de jóvenes.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla informaron a Europa Press que el departamento que dirige Angel Monje no tiene previsto intervenir en el caso de los ocupas amenazados de desalojo en la calle Aniceto Saénz, donde el pasado miércoles una concentración de más de 70 personas evitó que la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán procediese a desalojar el inmueble en virtud de la autorización del juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla.

No obstante, el colectivo de ocupas asegura que desde Otainsa se ha emitido una serie de "contraofertas" para solucionar el conflicto, pues los jóvenes han organizado una "resistencia pasiva" en el interior del número 23 de la calle Aniceto Sáenz y han asegurado que sólo aceptarán el desalojo en el caso de que las viviendas se destinen a realojar a vecinos con dificultades económicas y sociales y no a la construcción de "pisos de lujo".

Según el colectivo de ocupas, la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán ha solicitado al juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla una licencia de derribo para la posterior construcción de un edificio de tres plantas sobre el terreno que ocupa el número 23 de la calle Aniceto Sáenz. Los ocupas sostienen además que la propiedad ha mantenido "abandonado" el edificio durante más de 20 años.

De hecho, y siempre según su versión, la firma privada "rehusó de su obligación de acometer las obras en 2003 para evitar tener que ejecutar la orden de desalojo de los inquilinos a la espera de que la Gerencia de Urbanismo se viera obligada legalmente a responsabilizarse de las mismas".