CORIA DEL RIO (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)
El pleno del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) aprobó hoy con los votos favorables de PSOE e IU exigir la dimisión del portavoz municipal del PA y portavoz andalucista en la Diputación provincial, Tomás Alfaro, ante la acusación realizada por la Fiscalía acerca de un delito continuado de prevaricación cometido durante su mandato al frente del Consistorio.
El concejal Empleo, Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Coria del Río, Ricardo del Toro, informó a Europa Press de que la moción se elevó a pleno a iniciativa de los grupos municipales de PSOE e IU, que lograron hacer prosperar tal propuesta ante la abstención de los populares y la ausencia del Grupo andalucista.
Ricardo del Toro, --expulsado de la asamblea local de IULV-CA y socio de Gobierno del PSOE--, advirtió de que la acusación realizada por la Fiscalía "hacía necesario un pronunciamiento del pleno" porque los hechos a los que apunta el dictamen del Ministerio Público "denotan un perjuicio para la Hacienda pública" del que sería responsable el propio Alfaro a consecuencia de su gestión al frente del Ayuntamiento en el anterior mandato.
En ese sentido, reiteró que el pleno ha aprobado exigir la dimisión de Alfaro como concejal y que el Consistorio "tome medidas contra una serie de acciones que han perjudicado la Hacienda pública", por lo que señaló que el Gobierno municipales pedirá "las responsabilidades económicas y penales" a las que hubiera lugar.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha encontrado a Tomás Alfaro culpable de un supuesto delito de prevaricación tras realizar contrataciones ilegales de manera continuada mientras fue regidor de Coria, y le ha pedido al Juzgado de Instrucción de dicho municipio que abra juicio oral formal en su contra, solicitando diez años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.
El caso se remonta a la denuncia presentada en 2002 por el entonces portavoz del Grupo Municipal de IU, Ricardo del Toro, aún en la oposición, en la que se observaban 127 contratos en fraude de ley realizados por Alfaro, según la revisión del informe técnico de las servicios municipales.
El caso llegó a propiciar la propia denuncia pública de tres concejales andalucistas en el anterior gobierno por las irregularidades cometidas en el sistema de contrataciones laborales.
Tras la apreciación de indicios de delito, el Fiscal solicitó la apertura del proceso judicial, llamando a declarar a algunos de los implicados y al propio Alfaro. Los resultados de dicho proceso confirmaron la denuncia presentada por el grupo municipal de IU, pasando Alfaro a ser declarado imputado por dicho caso en 2004, y ahora acusado formalmente por la Fiscalía de cometer prevaricación después de encontrarlo culpable.