SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz municipal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Jaime Raynaud, dijo hoy que la Junta de Andalucía debe acometer el pago de unos 29 millones de euros aproximadamente en concepto de deuda hacia el Consistorio hispalense, expresando la intención de su partido de instar al Ayuntamiento a emprender acciones legales hacia la administración autonómica para asegurar dicho pago.
En rueda de prensa, Raynaud, que afirmó que el PP viene haciendo el seguimiento de la deuda desde el año 2004, señaló que según datos con fecha de 26 de enero del presente año la deuda de la Junta con el Ayuntamiento, por distintos motivos, asciende a 6.025.000 euros. La deuda está concentrada en la Consejería de Obras Públicas y en dos organismos de la Junta, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Raynaud calificó de "sorprendente" que la Junta mantenga deudas con el Ayuntamiento de Sevilla "cuando se está hablando de transferir financiación de la Junta a los Consistorios, y más aún teniendo en cuenta que, en lo referente a Sevilla, la Junta es el principal deudor del reino".
El portavoz popular también recordó que, por mor del convenio con la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento está en la obligación de construir cinco centros de salud, competencia de la Junta, por lo que hay que transferir 14 millones del macrocrédito, al igual que se condonan otros nueve millones a la Junta por el alquiler del edificio que alberga el Equipo Quirúrgico. El montante total son "esos 29 millones de euros que por un motivo o por otro soportan los bolsillos de los sevillanos, cuando es la Junta quien debería hacerlo".
Raynaud dijo que "lo único que pretende el alcalde de Sevilla es ganarse los favores de Chaves obviando su obligación de cobrar todos esos tributos", aludiendo a "los 100.000 sevillanos contra los que, no obstante, sí tienen ya en marcha el procedimiento de embargo por impago".
Con respecto a las posibles acciones legales, el portavoz del PP municipal indicó que, aunque anteriormente no se podía iniciar un proceso de embargo de una administración a otra, una reciente sentencia del Tribunal Supremo aporta la jurisprudencia que lo permite, ofreciendo opciones de edificios susceptibles de embargo como la antigua Escuela de Artes y Oficios de la calle Zaragoza o la antigua Biblioteca Pública de la calle Alfonso XII.