SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Jaime Raynaud, entregó hoy en Fiscalía la documentación concerniente a los expedientes de obras supuestamente facturadas, por valor de 22.578 euros, y no ejecutadas en la calle Gonzalo Núñez de Sepúlveda, de la barriada sevillana de La Barzola. Los servicios jurídicos del partido, al respecto, aprecian la posible existencia de cuatro delitos distintos, pues vieron indicios de falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, Raynaud afirmó que el PP municipal espera que la Fiscalía adopte la decisión "que considere ajustada a derecho", aunque matizó que el Grupo municipal Popular respetará cualquier tipo de decisión que se tome, "como siempre hemos hecho en todos los ámbitos y áreas".
El portavoz municipal popular especificó que, a juicio del PP, los hechos revisten "suficiente gravedad no sólo desde el punto de vista político, sino en un ámbito superior como el penal", por lo que, "sin ningún género de dudas, el asunto tenía que dilucidarse en los tribunales".
Raynaud criticó en este sentido la "gravísima espiral" en la que, a su juicio, entró el PSOE municipal en vísperas de las elecciones municipales del año 2003, la de "la utilización del dinero de todos los sevillanos para sus propios intereses electorales".
"Con los hechos que hemos puesto en conocimiento del fiscal no se acaba, ni muchísimo menos, el trabajo de investigación del Grupo Popular", expuso Raynaud, que dijo "lamentar" la situación, aunque advirtió que "ninguna de las descalificaciones personales ni palabras soeces vertidas nos van a hacer variar un ápice de nuestra actitud rigurosa, seria y constante de trabajo".
RESOLUCIONES "ARBITRARIAS Y CONTRARIAS A DERECHO"
La denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal por el PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, justifica las acusaciones de falsedad documental en las "irregularidades" llevadas a cabo en el expediente administrativo de dichas obras, ya que las facturas responden a un "pago cierto" y a una "voluntad real del emisor y receptor", aunque refiriéndose a un negocio jurídico "ficticio o distinto del realmente subyacente".
La acusación de prevaricación está basada en las resoluciones administrativas "arbitrarias y contrarias a derecho" por parte del por aquel entonces concejal delegado del Distrito Macarena, José Antonio García, al tramitar en el mismo día la realización de "dos obras idénticas en dos expedientes distintos".
Los servicios jurídicos populares también fundamentan la posible existencia de un delito de malversación de caudales públicos en el "visto bueno" dado por García y el ingeniero Isidro Alonso a unas obras "que no han sido realizadas" y a la conformidad prestada a la recepción y al pago de las mismas.
Por último, el supuesto delito de tráfico de influencias se basa en que las obras de estos expedientes se han adjudicado siempre a Manuel Romero Sosa en nombre de la empresa Construcciones y Reformas, "la única de las tres empresas --junto a Coyven Aljarafe S.L. y Ticosur S.L.-- que ofrece una oferta ajustada al Proyecto de Valoración; y una de las sociedades que más contratos ha logrado en el Distrito Macarena".
