SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla) aún no ha cumplido la sentencia emitida el pasado 28 de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró nulo el despido de la secretaria municipal durante la gestión del PSOE, Beatriz Rodríguez, por lo que la afectada prevé solicitar que se inste al Consistorio a ejecutar el fallo judicial al objeto de ser restituida en su cargo.
El abogado de Beatriz Rodríguez, José Ignacio Bidón, informó a Europa Press de que desde que el pasado 28 de abril se tuviese conocimiento de que el TSJA había confirmado la sentencia del juzgado de lo Social número diez de Sevilla que declaraba nulo el despido de Beatriz Rodríguez, la afectada no ha sido restituida en el puesto de secretaria municipal ni ha recibido los aproximadamente 5.000 euros que el Consistorio debe abonarle en concepto a los salarios que dejó de percibir tras su cese el pasado 16 de marzo de 2005.
Pese a que la afectada, cuyo cese obedeció a "motivos ideológicos y discriminatorios" --según reconoce la propia sentencia--, sigue vinculada laboralmente al Ayuntamiento, hasta el momento no ha sido reincorporada a su anterior puesto, extremo que confirmó la propia Beatriz Rodríguez, quien dijo a Europa Press que desde el Gobierno municipal del PA "no se ha hecho nada" al respecto.
En ese sentido, el letrado de la todavía ex secretaria municipal señaló que desconoce si el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra ha recurrido la sentencia del alto tribunal andaluz ante el Tribunal Supremo (TS), si bien advirtió de que, en cualquier caso, "el recurso no paraliza la ejecutabilidad" del fallo del TSJA.
Ante tales circunstancias, el abogado señaló que en breve solicitará que se inste al Ayuntamiento a ejecutar plenamente la sentencia, esto es, la restitución de Beatriz Rodríguez en su antiguo cargo y el abono de las cuantías estipuladas por los salarios que dejó de percibir tras su cese.
Bidón recordó que la propia sentencia reconocía que el cese de Rodríguez respondió a sus vínculos con el PSOE, admitiendo el carácter "discriminatorio" de la medida.