SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Grupo de Delitos Económicos y Financieros de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla han desarrollado una investigación policial durante más de un año, tramitando 22 atestados policiales y esclareciendo más de 120 delitos, mayoritariamente estafas bancarias, usurpaciones de estado civil y falsedades documentales.
En un comunicado remitido a Europa Press, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental indicó que los delitos se llevaban a cabo por parte de L.C.B., de 25 años de edad y con 18 detenciones anteriores, y S.P.P.M., de 25 años de edad y con una detención anterior, pareja especializada en este tipo de actividades y que fueron detenidos como presuntos autores de la estafa de más de 100.000 euros mediante la 'televenta' y los 'microcréditos'.
Estos aprovechaban los conocimientos que tenían en el sector, ya que trabajaban como agentes en empresas del ramo, en procesos de venta mediante los sistemas de 'televenta' y la financiación de las operaciones con los 'microcréditos', siempre en cuantías no superiores a 3.000 euros.
El 'modus operandi' utilizado era formalizar cuantiosos contratos fraudulentos, usurpando la identidad de otros ciudadanos, a los cuales las entidades financieras posteriormente reclamaban el pago del importe defraudado e incluían en bases de datos de morosos. Compraban en distintas empresas de Madrid, Murcia y Sevilla todo tipo de géneros, desde menaje del hogar, hasta artículos de joyería, pasando por electrónica, ordenadores o televisores.
La investigación iniciada a partir de la denuncia de un particular ha determinado que en muchos de los supuestos no existía por parte de la empresa que hacía la entrega del producto una comprobación sobre los receptores del mismo; además, tampoco había un control sobre los datos aportados por los supuestos clientes, cuestiones que facilitaban las operaciones fraudulentas.
Cambiaban de domicilio para evitar su localización y detención, llegando incluso a establecerse en Las Palmas de Gran Canaria, lugar donde fueron localizados y detenidos por los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Delitos Patrimoniales de dicha localidad.
El total de personas físicas que han sido víctimas de estos hechos delictivos, según se desprende de las gestiones, asciende a 50, además de seis empresas muy conocidas en el sector. Tramitadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
