CAMAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)
Juan Ignacio Pazos Aparicio tomó posesión hoy como concejal de IU en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), en sustitución de la no adscrita María del Carmen Lobo, en un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, en el que se le asignó dedicación exclusiva y la concejalía de Asuntos Sociales y Cooperación Internacional.
La sesión plenaria, que dio comienzo a las 10.00 horas, permite la recuperación de la mayoría absoluta por parte del equipo de gobierno municipal liderado por Agustín Pavón, tras el cese de la edil no adscrita después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena a un año y tres meses de prisión como autora de un delito de falsedad en documento privado.
Pavón explicó hoy a Europa Press que "este nuevo escenario de mayoría va a favorecer la gobernabilidad del municipio" y anunció que antes de finales de abril se convocará un Pleno para sacar adelante el proyecto de presupuestos para 2006, que consideró una "prioridad política" al tratarse de "un instrumento básico para impulsar los servicios esenciales" del municipio.
La Junta Electoral Central expidió la semana pasada la credencial de Juan Ignacio Pazos Aparicio como concejal en sustitución de María del Carmen Lobo, cuyo cese fue aprobado en Pleno, por lo que el primer edil camero consideró que el gobierno municipal actúa "con plena seguridad jurídica".
No obstante, reconoció que "Lobo ha recurrido y aún estamos en plazo de alegaciones", aunque afirmó que tal circunstancia "no tiene por qué paralizar el proceso".
Con respecto al transcurrir de la sesión de hoy, el alcalde destacó la "crispación" de la misma y criticó la "actitud destructiva" de la oposición, a la que acusó de "no plantear alternativas y boicotear el Pleno con continuas provocaciones".
El pasado 16 de marzo, un Pleno extraordinario aprobó, con los diez votos del equipo de gobierno y la oposición de PSOE y Nueva Izquierda, el cese de la edil no adscrita María del Carmen Lobo, después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena a un año y tres meses de prisión como autora de un delito de falsedad en documento privado.