Sevilla.- Tribunales.- Acusados de narcotráfico reconocen su implicación y el fiscal podría rebajar las penas

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 de los acusados por su presunta pertenencia a dos clanes familiares dedicados supuestamente al tráfico de drogas descubiertos en 1999 reconocieron esta mañana su implicación en los hechos en la primera sesión de la vista oral del macrojuicio por el caso celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla, un caso en el que el ministerio fiscal podría rebajar mañana las penas solicitadas inicialmente.

El juicio, que se inició con unos 40 minutos de retraso, comenzó con la lectura del escrito de acusación inicial de la fiscalía, en el que se hacía constar que los inculpados --un total de 24, de los que uno ha fallecido y otro no ha sido localizado-- son presuntamente miembros de dos clanes familiares dedicados supuestamente al almacenamiento y posterior venta de grandes cantidades de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, aunque también heroína. La droga se suministraba a vendedores de menor escala y consumidores adictos a la misma y se les incautaron más de 30 kilos de estupefacientes.

La vista, que en principio se fijó con una duración prevista de un mes, se interrumpió en varias ocasiones, recesos en los que las partes trataban de alcanzar algún acuerdo para una posible conformidad. Con todo, los 21 acusados presentes en la sala reconocieron, durante el breve interrogatorio al que se les sometió, su implicación en los hechos y todo lo recogido en el escrito de la fiscalía, manifestando muchos de ellos que, cuando se produjeron los hechos, tenían problemas de drogadicción --muchos ya superados-- o de índole psiquiátrica.

Así las cosas, uno de los abogados de los acusados indicó a Europa Press que el fiscal podría rebajar las penas solicitadas en su escrito de calificación final, que presentará mañana, de modo que mientras inicialmente iban de 6 a 20 años, finalmente podrían verse reducidas a penas de entre dos años y nueve años y tres meses de prisión, siendo ésta últimas para los cabecillas de ambos clanes por narcotráfico --a los que también se imputa un delito de tenencia ilícita de armas--.

Cabe recordar que las penas solicitadas inicialmente ascendían a 20 años de cárcel y multa de 20.000.000 de euros para el cabecilla del primer clan, J. M. M. R. --alias 'Joselito'--, y 19 años y la misma sanción para el líder del segundo, F. J. A. S., alias 'El Chino'. Para el resto, entre los que hay acusados de blanquear el dinero conseguido de la venta de las drogas, incluyendo las madres de tres de los acusados, las penas oscilaban entre los seis y los 15 años de prisión y multas de hasta 10.000.000 de euros.

Las citadas fuentes precisaron que el fiscal aplicaría tales reducciones, siempre dentro de los parámetros legales, en base a criterios objetivos y contemplando como atenuantes la drogadicción de algunos de los inculpados y los problemas psiquiátricos, entre otros, anteriormente citados, así como por dilaciones judiciales indebidas.

En su declaración, gran parte de los inculpados reconoció que eran adictos a las drogas durante su presunta implicación en estos clanes de narcotraficantes, si bien todos, salvo uno, dijo haberlo superado y aseguró estar ya rehabilitado. En cuanto al dinero y puesta de bienes a nombre de algunos de los familiares presuntamente implicados, todos ellos dijeron que conocían que la procedencia del dinero no era legal, aunque aseguraron que no sabían que procediera de la venta de drogas. Entre los inculpados hay mujeres embarazadas y, en general, hubo importantes reticencias entre algunos de los procesados para aceptar las penas que supuestamente les estarían ofreciendo las partes para conseguir la conformidad.

PROCESO DE INVESTIGACION

La existencia de ambos clanes fue detectada en 1999 a través de investigaciones policiales para partieron de la observación en los imputados y en sus allegados de signos exteriores de riqueza impropios de personas carentes de actividad laboral conocida o de otros recursos patrimoniales legítimos. A partir de los pertinentes seguimientos y observaciones, se constató que adoptaban estrictas medidas de cautela, algo propio de los traficantes de droga, confirmándose además su vinculación con personas conocidas policialmente por su integración en el mundo delincuencial y de las drogas como 'camellos'.

Así, gracias a la realización de escuchas telefónicas, se confirmaron tales indicios y, por las diversas investigaciones llevadas a cabo, se determinó que presuntamente uno de los clanes estaba liderado por J. M. M. R., cabecilla de una red integrada también supuestamente por dos hermanos de éste, F. J. M. R. --declarado en rebeldía, es decir, no localizado-- y R. M. R., y la mujer de uno de ellos, S. M. M., todos procesados por la causa.

Asimismo, se determinó la supuesta participación activa del padre de los inculpados, R. M. R., y su compañera sentimental, M. J. P. S. Además, se imputó a M. A. S. L. por actuar presuntamente como chófer, almacenista de estupefacientes, encargado de realizar suministros a clientes y de recaudar de estos los correspondientes cobros del precio pactado, siempre por cuenta e interés del cabecilla del clan.

También, F. A. R. P., de 32 años, quien entonces trabajaba a las órdenes del cabecilla como almacenista y enlace con clientes del líder de la banda, si bien en algunas ocasiones actuaba como vendedor por cuenta propia.

En relación con este clan, se imputó igualmente a dos mujeres, con las iniciales E. S. I. y A. I. A., por ser supuestamente clientas del clan con fines de vender posteriormente de modo minorista las drogas suministradas, al igual que hacía el también procesado M. C. F.

Entre los procesados vinculados a este clan figuran también M. Y. C. B. y el identificado como H. O. O., un hombre y una mujer de origen sudamericano que fueron descubiertos cuando iban a recibir droga de la organización familiar en la estación de Santa Justa de Sevilla.

El segundo de los clanes --u organización semiestructurada, como se la define en el escrito al que tuvo acceso Europa Press--, tenía como cabecilla al también procesado F. J. A. S., cuyo hombre de confianza, E. S. M., también ha sido procesado. Según consta en el documento provisional de la fiscalía, ambos invertían las ganancias ilícitas obtenidas de la venta de los estupefacientes supuestamente en la adquisición de bienes cuya titularidad se registraba a nombre de los también procesados --pues dieron su consentimiento aún sabiendo la procedencia supuestamente ilegal del dinero-- C. P. R., esposa o compañera sentimental del cabecilla; D. A. S., hermana de éste; F. R. V. y J. B. P. P. --fallecido--, suegros del presunto cabecilla; F. P. R., M. P. R., cuñadas del cabecilla; D. S. M., R. R. R. y M. A. P.

Una vez realizadas las pertinentes investigaciones, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía accedieron y registraron la vivienda del supuesto cabecilla, en Alcalá de Guadaíra, incautándose de diversos bienes, así como de drogas, armas y dinero en efectivo. La misma operación se realizó después en las viviendas y propiedades de los demás procesados.

Entre los datos aportados, figura también la existencia de un vehículo todoterreno utilizado habitualmente por R. M. R., del primer clan, y que en algunas ocasiones había sido visto conducido indistintamente por J. M. M. R. y por F. J. A., supuestos líderes de ambos clanes.

El fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud pública, de resistencia --a la actuación policial durante el registro de los inmuebles y detención de los presuntos narcotraficantes--, de un delito continuado de falsedad en documento oficial; de falta de lesiones, dos delitos de tenencia ilícita de armas y uno de blanqueo, lavado y reciclaje de capitales, de los que se acusa, según su grado de participación y actuación, a los procesados.