SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El abogado que defiende a la madre biológica de la niña cuya custodia ha sido retirada a la familia a la que se le concedió en acogimiento preadoptivo en Bollullos de la Mitación (Sevilla), Enrique Carrasquilla, informó hoy que se ha solicitado una indemnización a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de 1.844.592,50 euros por los daños morales sufridos por la madre, sus dos hijas y la abuela de estas últimas por la retirada de la custodia de las dos menores que se hizo efectiva el 18 de julio de 2000 y que después ha sido revocada.
El letrado precisó hoy en rueda de prensa que el daño que esta situación ha causado a los afectados ha sido "antijurídico, fueron separadas e incomunicadas pues la madre, Carmen Espejo, no vio ni un día su hija mayor --la niña cuya custodia fue entregada a un familia de Bollullos hasta el pasado día 7-- desde 2001 a 2005 y las hermanas no han podido verse durante años". Además, explicó que pide también indemnización para la abuela de las niñas porque la familia vivía con los padres de Espejo cuando se le retiró la custodia, destacando que el abuelo ha muerto el año pasado "sin poder volver a ver a la mayor de sus nietas".
Así, desglosó que del dinero demandado, 1.015.000 euros son para la madre biológica de las menores, 350.000 para la mayor de las niñas, 312.000 para la menor y 164.000 euros para la abuela de éstas. La cantidad es "elevada", reconoció, pero explicó que la pide en base a la jurisprudencia --sentencias del Supremo-- y también fundamentado en el conocido caso de Iván y Sara.
"El daño está reconocido desde que la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla dijera que nunca hubo desamparo y que la separación fue cruel. Espero que ahora no tengan que pasar otro calvario para obtener esta justa reclamación, que la Junta haga autocrítica y haga una pronta reparación del daño".
Así las cosas, el letrado criticó que la jueza de familia que llevó el caso tardara diez meses en elaborar el programa de retorno de la mayor de las hijas de Carmen Espejo con ésta, precisando además que, en la cuarta etapa del proceso --en la que pasaba fines de semana alternos en casa de su madre biológica--, "advertimos hechos que nos hacían temer que ese programa podía perjudicar" a la menor.
Entre otros, citó que se ordenó que efectivos del Cuerpo Nacional de Policía "uniformados y armados" supervisaran su estancia allí, algo que ahora la Audiencia ha reconocido en el auto dictado al efecto que conllevó una "grave repercusión psicológica" sobre las menores. Criticó también que se le llegara a pedir a la madre que "en esos días no se moviera de casa" y denunció el "trato hostil que se me prestó en el juzgado".
El letrado evidenció además que los acogedores llegaron a amenazar y coaccionar a técnicos del punto de encuentro familiar y explicó que pidió medidas cautelares a la Audiencia que "han dado lugar a la devolución" de las niñas por todo ello, así como por el hecho, entre otros, de que se recurriera a la oficina del Defensor del menor pese a que su intervención en procedimientos judiciales no está permitida.
EVOLUCION DE LA MENOR
Por su parte, la presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos de los Menores, Asunción García, que acompañó a la familia en el periodo de readaptación, relató que la mayor de las hijas de Carmen Espejo al principio era reacia a estos encuentros previos a la vuelta con su familia biológica, pero que después, en la fase final del proceso, "empezó a decir que se quería quedar con su madre --biológica-- y la llamaba mamá abiertamente. Ahora está muy bien, tiene otro color y está en fase de escolarización" pues se incorporará al colegio al que va su hermana, "a la que adora". Además, reclamó que cuando se vaya a retirar la custodia de hijos, la situación se resuelva en seis meses como máximo para evitar situaciones como la de estas familias.
Por su parte, Carrasquilla reiteró que la niña está "en perfecto estado y si advirtiéramos el menor riesgo físico o psicológico seríamos los primeros en ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes". Además, recalcó que esta familia "no tenía que haber soportado la falta de preparación de los técnicos que dijeron que estaban siendo maltratadas por su madre", recordando que después, la Justicia ha dicho que lo que padecían es una enfermedad "de la que no se puede culpabilizar a la madre", por lo que denunció un funcionamiento "anormal o deficiente de los servicios públicos" referidos.
FAMILIA DE ACOGIDA
Respecto a la familia de acogida, el abogado subrayó que "no queremos ningún enfrentamiento, comprendemos su dolor y, si es cierto que la Junta los ha engañado es gravísimo. Si es así que se pruebe y a ver si la Junta adopta alguna medida. Si la pretensión de que regrese con ellos se ejecuta habrá una nueva fractura". Preguntado si la menor quiere regresar con sus acogedores, ambos dijeron tajantes que es "totalmente incierto".
Con todo, aseveró que "si en un futuro, los psicólogos y psiquiatras consideran que no generaría confusión y es recomendable, seremos los primeros en procurar que la niña pudiera ver a sus acogedores", si bien matizó que "ahora creo que no es recomendable". "Podrían ser como unos tíos o padrinos, ese afecto deben mantenerlo y para la niña ha sido muy positivo".
El abogado informó además de que Carmen Espejo presentó una querella contra la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social y su antecesor, por desobediencia y quebrantamiento del deber de custodia --entre otros--, querella archivada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, archivo que ha sido recurrido por la defensa de Espejo.
