Sevilla.- Tribunales.- Piden diez años de cárcel para un abogado acusado de pasar drogas a un interno de Sevilla II

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará el martes próximo a un abogado, R. G. B., acusado de pasar sustancias estupefacientes a un interno de Sevilla II el día de Nochevieja de 2002, para el que el ministerio fiscal solicita una pena de diez años de prisión, inhabilitación durante el tiempo de la condena y 600 euros de multa.

Según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 10.45 horas del 31 de diciembre del citado año, cuando el acusado, abogado del interno J. A. B., acudió a la cárcel sevillana para entrevistarse con su defendido.

Una vez allí, en los locutorios y a través de la ranura existente en los mismos para pasar papeles, le entregó supuestamente al interno una plancha de hachís de 8,8850 gramos, un THC de 6,05 por ciento, un envoltorio de cocaína con 0,1500 gramos de peso y una pureza del 32,76 por ciento, así como otro envoltorio con 1,4120 gramos de cocaína y siete comprimidos de trankimazin --entre cuyos componentes se encuentra la Benzodiacepina--, junto con papelillos para fumar la droga.

En el escrito se reflejó además que el recluso cogió la plancha, la partió en trocitos y los metió, junto con los envoltorios y comprimidos, en dos preservativos que se introdujo en el ano. Como en el centro penitenciario se tuvieron sospechas fundadas de que el acusado pasaba droga al interno, siempre según la acusación pública, dicho día el jefe de servicio y un funcionario se colocaron en el pasillo del departamento de cocina, pues desde una de sus ventanas se podía ver el locutorio número 1, que era el que utilizaban en esos momentos el acusado y el interno.

Desde ese lugar, sin ser vistos, pudieron observar la entrega, así como que el interno troceó la plancha de hachís, guardó las sustancias referidas en dos preservativos y se metió la mano por detrás del chándal.

Tras la entrevista, y dado que el interno se negó a realizarse una radiografía, se solicitó y obtuvo que el juzgado de guardia autorizara el examen radiográfico, mediante el que se pudo detectar que el recluso tenía una masa redondeada en el recto. Tras conocer el resultado del examen, el preso accedió de forma voluntaria a evacuar el contenido, con lo que las sustancias mencionadas pudieron ser aprehendidas.

En el escrito, se señala también que la droga incautada tiene un valor de 213 euros, así como que el recluso es consumidor de droga y que las sustancias incautadas iban destinadas a su consumo. Para el ministerio fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y solicita una pena de diez años de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por igual plazo, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, multa de 600 euros y costas procesales.