SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular elevó hoy a definitiva su petición de tres años de cárcel para un hombre acusado de realizar supuestamente operaciones de compraventa al margen de la empresa de negocios inmobiliarios para la que trabajaba, si bien exculpó a la mujer de éste, que inicialmente también había sido acusada.
Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, el fiscal, por su parte, mantuvo que no está acreditado que el acusado realizara ningún contrato ofreciendo realizar operaciones al margen de la inmobiliaria, haciendo constar en su escrito de acusación que la empresa le despidió por tal motivo y que tal acción fue declarada improcedente por el Juzgado de lo Social, ante lo que la compañía recurrió. Por ello, no considera que haya delito en tales hechos, procediendo, a su juicio, la absolución de los --en principio dos-- acusados.
Para la acusación particular, el acusado, D.M.M., trabajó para la empresa en cuestión a partir de 2002, encargándose de realizar las gestiones de intervención en las ventas de inmuebles por cuenta de la inmobiliaria, recibiendo comisiones por las ventas.
Siempre según la acusación particular, con "aprovechamiento de forma ilícita de la credibilidad empresarial" de la compañía y "la información existente en las instalaciones de la empresa, realizó transacciones comerciales cuyo beneficio repercutió de forma directa y exclusiva" sobre el acusado.
Además, la compañía dijo que, "de manera indebida y con la base de datos de mi cliente", el acusado se ponía presuntamente en contacto con los titulares de los inmuebles que tendría que vender por cuenta de la empresa y trataba directamente con los vendedores para que así la compraventa no pasara por las oficinas y, al margen de que el beneficio en su favor fuera lo más alto posible --pues disponía de toda la comisión por la intermediación--, no rendía cuentas con la compañía.
Así las cosas, para la acusación particular los hechos son constitutivos de un delito de estafa con abuso de las relaciones personales y aprovechamiento de la credibilidad empresarial o profesional por el que solicita la pena para el acusado de tres años de prisión y multa de ocho meses con cuota diaria de 50 euros, así como una indemnización en concepto de daños y perjuicios a favor de la empresa de 72.000 euros.
