SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La central del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento de Sevilla ha abogado por "que cada palo aguante su vela" en el caso de que se demuestren irregularidades de algún tipo en la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital hispalense respecto a una trama de cobro ilegal de tasas por parte de miembros del Cuerpo de Policía Local.
El presidente de la sección del Sppme en el Ayuntamiento hispalense, Manuel Bustelo, ha precisado a Europa Press que, no obstante, a día de hoy no existen detenciones ni imputaciones por este caso, en el que considera se puede caer en el riesgo de "judicializar" a una unidad entera de policías, la de Tráfico --centro de las investigaciones-- que "tiene más de un centenar de efectivos".
"Sólo se está investigando a determinados policías, no a toda la unidad", ha recordado Bustelo, que ha abogado por "dejar trabajar" a los agentes que, por orden del juzgado, están llevando a cabo labores de Policía Judicial. Si terminada la investigación se demuestra actuación ilícita, "el que la haya hecho que la pague".
En este sentido, el presidente de la sección del Sppme en el Ayuntamiento ha explicado que el cobro de estas tasas se hace por medio de papel de pago facilitado por el Ayuntamiento y que sirve como justificante, por lo que se ha preguntado "cómo es que nadie en el Consistorio se ha extrañado y no ha echado en falta todo este dinero".
La portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Nieves Hernández (PSOE), ya ha asegurado por su lado que la corporación local actuará "implacablemente" en el caso de que las pesquisas revelen la existencia de "garbanzos negros" dentro del cuerpo.
Hernández se ha mostrado "muy respetuosa" respecto a los términos de una investigación judicial que, ha señalado, se encuentra bajo secreto de sumario, si bien ha defendido que con carácter general los efectivos de la Policía Local hispalense son "un ejemplo de profesionalidad".
Durante las últimas semanas, el proceso de investigación se habría saldado con media docena de ordenadores requisados para examinar su contenido y la declaración en los juzgados de una treintena de agentes de distintas categorías. Los implicados, fuera de su horario de servicio, se habrían puesto el uniforme realizando labores propias del Cuerpo de Policía, cobrando a empresas por los servicios prestados.
