Un vehículo conducido por un militar atropella a uno de los perros que acompañan al grupo de familias
SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, espera que la carretera que conduce a la base de helicópteros de El Copero sea mañana desalojada por parte de las familias instaladas allí tras el desalojo del poblado chabolista creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, porque aunque el Puerto ha sido "flexible", u estancia en esta zona es "insostenible".
En declaraciones a Europa Press, Manuel Fernández explicó que la Autoridad Portuaria mantiene "conversaciones" con este colectivo de etnia gitana exiliado del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo. Al respecto, recordó que la Autoridad Portuaria ha sido "flexible" con ellos, porque el domingo se les concedió un plazo de 24 horas para abandonar el enclave y "los hemos ampliado".
No obstante, insistió en que el entorno en el que han instalado sus autocaravanas, furgonetas y enseres "carece de habitabilidad alguna" y es un espacio peligroso a cuenta de la autovía "de tráfico pesado" que atraviesa la zona, la cercana vía ferroviaria y el lago cercano a la carretera, donde "es muy peligroso bañarse". De hecho, reveló que hoy mismo un vehículo conducido por un militar a atropellado a uno de los perros que acompañan a estas familias.
"Es insostenible", aseguró mostrando su "preocupación" por los menores que acompañan a los adultos y por la posibilidad de que ocurra un accidente que involucre a seres humanos. Por eso, manifestó su esperanza en cuanto a que "mañana" sea desalojada esta zona de matorral y arbolado disperso en el que se han instalado estas familias tras el desalojo del poblado del puente de hierro, donde el Ministerio de Economía y Hacienda, como titular de los suelos, ordenó la liberación de los terrenos.
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
