SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una treintena de trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir han pedido explicaciones ante "el silencio" de su situación laboral, ya que han asegurado "aún no hemos sido despedidos y queremos denunciar públicamente la absoluta indignación, desesperación y la dramática situación que padecemos ante el abandono y el trato discriminatorio que sufrimos por parte de la presidenta de la Mancomunidad, María José Fernández", con quien se reunieron el pasado viernes 27 de julio, para pedirle explicaciones ante el "silencio" sobre nuestra situación laboral".
En un comunicado de prensa, los trabajadores de la Mancomunidad han asegurado que la reunión con la presidenta de la entidad y la alcaldesa de Lebrija se produjo a petición de los trabajadores y gracias a la intervención del Director General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la Junta, Antonio Maíllo.
A su vez, Maíllo atendió a los trabajadores por intermediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tras los casi dos meses de ausencia de información sobre el procedimiento de despido colectivo o la liquidación de la entidad.
Asimismo, los trabajadores han criticado a la presidenta, que desde el pasado 5 de junio, día en el que fueron informados del inminente inicio de su despido colectivo, hasta la reunión de este jueves "no nos ha comunicado nada respecto a nuestra situación, alegando que en todo este tiempo no ha podido hacer nada".
Además, María José Fernández ha admitido que si con sus errores "ha beneficiado" a algunos compañeros trabajadores se "alegra" por ellos, en clara alusión a algunos trabajadores y extrabajadores afines al comité local del PSOE de Lebrija.
"Estos fueron despedidos a finales del mes de mayo por la Mancomunidad y ya están trabajando en el programa Andalucía Orienta que gestiona el Ayuntamiento de Lebrija, así como a algunos otros que previsiblemente no serán incluidos en el Expediente de Despido Colectivo", han afirmado en el comunicado de prensa.
Por ello, muchos trabajadores sospechan que, "intencionadamente", el expediente de despido colectivo no se iniciará hasta el mes de septiembre, coincidiendo con "el plazo justo para que no afecte a estos últimos trabajadores despedidos a final de mayo".
Así, según ellos, "se corrobora claramente lo que la propia Fernández dijo en su toma de posesión como presidenta de la Mancomunidad, cuando afirmó públicamente que unas de las razones por la que aceptaba el cargo era por el compromiso moral y político que tenía con algunos de los trabajadores de la entidad, cosa que parece ser que sí está cumpliendo".
En este sentido, han asegurado que "Fernández también se permite incluir como responsables del desastre de la Mancomunidad a los propios técnicos que durante muchos años han dedicado su trabajo a los pueblos, situándolos al mismo nivel que los auténticos culpables".
En esta línea, los trabajadores han declarado que "los culpables verdaderos" son el anterior presidente de la Mancomunidad, Antonio Maestre, el gerente, José Antonio Navarro, a la representación sindical de UGT en al Mancomunidad y a los propios alcaldes y alcaldesas de la comarca, entre los que se encuentra ella misma desde hace ya más de cinco años".
Por último, los trabajadores alertan de que "aún se nos adeudan ya doce nóminas, sin poder ni siquiera rehacer nuestra vida, cobrar el desempleo o buscar otro trabajo, puesto que seguimos atados forzosamente a un puesto de trabajo sin futuro".
Asimismo, han añadido que la presidenta de la Mancomunidad "ha hecho de nuevo oídos sordos a nuestra demanda de ser tratados igual que el resto de compañeros que han sido despedidos a lo largo de estos meses de manera individual y no a través de un Despido Colectivo", admitiendo únicamente que "ha podido cometer errores", pero que "lo siente mucho" y que, en todo caso, se alegra si con ello "ha beneficiado" a algunos.
También, han finalizado recordando que son casi medio millar de empleados y exempleados de la Mancomunidad y su sociedad Gesalquivir a los que "se les adeudan más de tres millones de euros en nóminas y a los que se les niega la indemnización por sus años de trabajo".
