Insta a Igualdad, Educación y Justicia que "sin miedo" analicen las "luces y sombras" del sistema de protección de menores
SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) hizo hoy un balance de los diez últimos años en política de protección de menores en Andalucía, coincidiendo con 1996, fecha en la que se inició "el largo y tortuoso calvario" de los hermanos Iván y Sara para considerar que la Junta debería "aprender de los errores" cometidos y no volver a repetirlos, caso a su juicio del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto que la condena a pagar 1,4 millones de euros a la madre de los menores, Carmen Fernández.
En rueda de prensa, la vicecoordinadora de la Apdha, Esther Muñoz, y el responsable del área de Marginación, Miguel Santiago, detallaron la evolución del sistema de protección de menores "no para cargar tintas, sino para hacer una reflexión serena y seria que deberían asumir los responsables de la Administración autonómica", debate al que se ofrecieron su colaboración.
Asimismo, instaron a las consejerías para la Igualdad y Bienestar Social, Educación y Justicia a "sentarse con humildad, sensibilidad y sentido común para ver las luces y sombras del sistema de protección para que en esta comunidad se defienda a los menores y sus familias con todas las garantías".
En el repaso de estos diez últimos años, los responsables de la Apdha partieron del "muy deficiente" sistema de 1996, sin normativa interna en materia de menores; donde se obviaba la prioridad de la familia biológica; sin programas de intervención en las propias familias; con la aplicación inmediata de la adopción y sin acogimiento familiar; con intervenciones y resoluciones "escasamente fundamentadas" para la retirada de la tutela y con un "continuo conflicto" entre la Administración y la Justicia en casos como la niña de Benamaurel (Granada) o los menores de Dos Hermanas (Sevilla).
A partir de 1997 se renovó el sistema de protección, ejemplificada en la ley 1/1998 sobre los derechos y la atención al menor. Sin embargo, para los responsables de la Apdha, la ley contó con "aciertos y desaciertos" y enumeraron las "grandes lagunas" de las normas.
Principalmente, Santiago destacó la "confusión" entre la situación de riesgo y desamparo. "Es una barbaridad comparar la mendicidad, la ausencia de escolarización habitual del menor o el padecimiento de enfermedades mentales o toxicomanías de los padres, que son situaciones de riesgo, con la inducción a la prostitución de un menor, clara situación de desamparo", explicó. Valoró por contra el fomento del acogimiento familiar "aunque quizá se peca de que sea preadoptivo".
SITUACION ACTUAL
En la actualidad, la Apdha consideró que "no se respeta el espíritu" de esa ley --Santiago puso como ejemplo el recurso al TC-- y criticó la situación de los profesionales del servicio de protección de menores "desbordados y excesivamente burocratizados" a lo que sumó la "práctica habitual" de la Consejería de "utilizar como modalidad de contratación de personal no funcionarial y la fórmula de prestación de servicios".
Pero sobre todo la asociación lamentó la "cada vez más frecuente" retirada de menores en los mismos centros educativos, "que lleva a familias marginadas a cuestionarse si volver a mandar a los menores a los colegios"; la intervención policial, incluso de los Geos, caso de los menores del Polígono Norte de Sevilla y las intervenciones en que las propia Consejería permite la separación de hermanos.
Agregó los tiempos de los expedientes, "excesivo para la resolución pero rápido e imprudente para la retirada"; la carencia que padecen las familias de asistencia letrada y psicosocial y los problemas que genera que el paso previo a la retirada proceda del juzgado de familia.
Por todo ello, los responsables de la Apdha consideraron que falta sensibilidad y humildad" y preguntó a la Junta "por qué no aprender de los errores y los aciertos" profundizando en el camino iniciado en 1997. Por último, apuntó como reflexión que, según datos de la Fiscalía General del Estado, el 80 por ciento de los menores de reforma han pasado previamente por el sistema de protección.
