Dice que existió "cierta benevolencia" por parte de la Junta para que los regantes cumplieran plazos y requisitos para recibir la subvención
SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exjefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación Provincial de Agricultura Manuel Antonio Cruz-Guzmán ha declarado este viernes como imputado y ha negado haber recibido "ninguna presión o indicación por parte de nadie" para certificar que se habían ejecutado y acreditado obras por valor de más de cuatro millones por parte de la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir, que recibió en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos.
Y es que el juez considera que, "pese a no haberse ejecutado prácticamente nada de obra y siendo perfectamente consciente de ello", el imputado, junto al presidente de la comunidad, al director de obra, Manuel Vázquez Segovia, y a Manuel Gámez Sánchez, como representante de la UTE adjudicataria, participaron en la elaboración de una "certificación absolutamente inveraz, que certificaba que a 4 de diciembre de 2005 se había ejecutado y acreditado obras por un importe de 4.245.826,56 euros, a pesar de que ello no era cierto".
Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el imputado ha explicado que, en relación a la subvención para la obra de regadíos, fue nombrado por el delegado provincial como inspector facultativo a partir de diciembre de 2004, teniendo como función la supervisión del expediente administrativo para gestionar el trámite de la subvención ante los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, lo que realizó "él solo" desde "su principio hasta el final" al no contar con "ningún funcionario a sus órdenes".
Así, el imputado ha admitido como "cierto" que el 4 de diciembre de 2005 dio el visto bueno a una primera certificación de las obras por importe "de más de cuatro millones de euros" para "el pago de compromisos con empresas que estaban realizando la fabricación de tuberías" y hacer así "acopio de material que aún no estaba en el tajo", lo que "era un encargo para así poder empezar las obras", para el "pago de excavaciones en balsas que ya se habían efectuado desde octubre de 2005 ", primeros gastos de instalación y "parque de maquinarias que aún no estaban en el tajo".
"Suponía la previsión de ese gasto que se iba a realizar pero que todavía no se había realizado", ha puesto de manifiesto el imputado, que ha querido aclarar que esos cuatro millones no suponen "el importe de la subvención, sino solo el 60 por ciento de ese importe", ya que el otro 40 por ciento "lo tendría que pagar la comunidad de regantes", aunque "no había abonado nada". Además, ha precisado que la superficie donde se iban a efectuar los trabajos "era de unas dimensiones mayores a la que ocupa el área metropolitana de Sevilla".
El exjefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales, que "cree recordar que vio parte de las excavaciones", ha declarado que "no vio" los contratos de los compromisos para la adquisición de tuberías a empresas, ya que "no le hacía falta" y "era práctica habitual en aquella época el que las empresas adjudicatarias efectuaran una provisión de fondos a las empresas fabricantes, en este caso las que fabrican las tuberías".
No obstante, ha admitido que "no vio ninguna documentación acreditativa de que esa provisión de fondos se hubiese efectuado realmente" pero "se fiaba" del director de Obras, Manuel Vázquez Segovia, que "tenía la función de la comprobación de las obras", a lo que se suma que "estaba tranquilo porque se trataba de una primera certificación en origen que se podía regularizar por las certificaciones subsiguientes".
SIN "REPAROS DE LEGALIDAD" POR PARTE DE LA JUNTA
"El visto bueno de la certificación implica que lo que se certifica se corresponde con la realidad, y ello lo firmó fundamentalmente por la confianza en la dirección de Obras", ha afirmado en su declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que se ha extendido a lo largo de toda la mañana de este viernes, agregando que "nunca ha tenido la sospecha de que las certificaciones y en concreto la primera a la que ha prestado el visto bueno no se ajustaban a la realidad".
El imputado, que ha dejado claro que "ningún órgano de fiscalización de la Junta ha evidenciado reparos de legalidad" al respecto, ha puesto de manifiesto que "no conocía la empresa a la que se le encargó la fabricación de las tuberías" ni "tampoco sabía la empresa a la que se le encargó los movimientos de las tierras" y ha resaltado que "de toda su relación con la comunidad de regantes no ha obtenido beneficio o rendimiento ilícito alguno".
Al imputado, además, "no le pareció exhorbitado el importe de la primera certificación", según ha dicho a lo largo de una comparecencia en la que también ha señalado que el importe de esta certificación "y con relación a los acopios no suponía en sí una financiación a las empresas que fabricaban las tuberías, sino que eran por compromisos ya adquiridos y no se contemplaba el que la obra se dejara sin efecto y no se siguiese".
En su declaración, ha dicho que, en diciembre de 2004, ya sabía que la comunidad de regantes no había presentado la documentación necesaria para la concesión de la subvención, algo que "también sabían" desde finales de enero de 2005 "los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, así como el jefe de la Delegación Provincial, y el director general de Regadíos", siendo "posible" que "existiesen llamadas telefónicas de los Servicios Centrales urgiendo el recabar la documentación a la mayor urgencia".
No obstante, "en aquella época, por parte de los Servicios Centrales, que eran los que tenían capacidad de revocar en su caso la subvención, se seguía la tendencia de que en casos de dificultades por comunidades de regantes para cumplimentar requisitos formales se ampliaba de hecho los plazos", punto en el que ha agregado que "las normas de procedimiento en aquella época se interpretaban con cierta benevolencia, no sólo con la comunidad de regantes, sino con cualquier otro regante".
"LOS REGANTES YA SABÍAN QUE LA SUBVENCIÓN SE LA IBAN A DAR"
De otro lado, ha aseverado que la comunidad de regantes "sabía ya por voz del presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y viceconsejero de Agricultura "que la subvención se la iban a dar", y por eso "se introdujo en el periodo de licitación para la adjudicación de las obras a empresas, incluso antes de aceptar la subvención formalmente", algo que "no era muy corriente", ya que "lo normal era esperar que formalmente la subvención sea concedida y luego iniciar el procedimiento de licitación".
El imputado formó parte, según ha dicho, de la primera mesa de contratación en la que se hizo una primera adjudicación a la UTE Teconsa-Elecnor-Meci-Tegner a pesar de que penúltima empresa "no tenía la clasificación" --lo que sí motivó la exclusión de otras empresas-- y únicamente "aparecía una calificación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta" sobre la que "entraron dudas sobre su validez", por lo que se efectuó una consulta a los servicios jurídicos de los regantes y su respuesta "fue positiva".
En esta línea, ha asegurado que no participó en la segunda mesa de contratación "porque estaba enfermo y tenía mareos" y que tampoco tuvo conocimiento "de ningún pacto o contrato" entre la UTE adjudicataria Befesa-Alpi y la primera UTE a la que se le preadjudicó acerca de una subcontratación para la realización de las obras.
Por último, el imputado ha querido dejar claro que "los errores o falta de diligencia profesional que hubiese podido mediar en su actividad con relación a los hechos de esta subvención en modo alguno han sido intencionados".
