SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, ha rechazado un recurso de reforma promovido por la Junta de Andalucía contra la providencia emitida el mes pasado por dicha instancia judicial, en demanda de que el Registro Minero de Sevilla aporte a la causa copias autentificadas de los otorgamientos y títulos formalizados en favor de dicho grupo y después en favor de la sociedad de propósito específico creada por el mismo para la explotación de la mina.
A través de un auto fechado el pasado 9 de noviembre y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial aborda el recurso de reforma interpuesto por la Junta, contra la decisión previa de requerir al Registro Minero de Sevilla una serie de documentos. En concreto, en dicha providencia previa se solicitan copias autentificadas de las resoluciones mediante las cuales se otorgaba a México Minorbis la concesión relativa a la explotación del citado yacimiento, así como el título formalizado a tal efecto, reclamando los mismos aspectos respecto a la sociedad de propósito específico constituida por dicho grupo empresarial para la explotación de la corta minera.
Pero mientras la Junta alegaría en su recurso que la prueba solicitada es "absolutamente improcedente e innecesaria", el juzgado esgrime que "la cuestión relativa a la persona jurídica que concurre al concurso (de los derechos de explotación de la mina) y la persona jurídica a la que se adjudica el mismo no es una cuestión ex novo, sino que fue cuestión controvertida y objeto de distintas alegaciones incluso por parte" de la propia Administración andaluza. Es más, según el juzgado, allá por 2015 la propia Junta dedicó "17 folios" de uno de sus escritos de defensa a "esta misma cuestión que hoy tacha de ajena y superflua".
"Los recurrentes no acreditan en qué medida la admisión de una prueba para analizar las circunstancias de la adjudicataria, a través de la documentación solicitada, pueda ocasionarles indefensión alguna, cuando antes debería defenderse que la amplitud de miras en la presente causa eliminase cualquier atisbo de duda sobre la concesión efectuada y la intervención en la misma de quienes son investigados actualmente", zanja el juzgado, desestimando el recurso de reforma de la Junta.
LA INVESTIGACIÓN DE LA MINA
La causa que investiga la juez de instrucción Patricia Fernández Franco, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.
Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco llegó a apreciar "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación, investigando incluso a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, apartada de tal cargo hasta que la juez instructora del caso decidió después archivar las actuaciones. Empero, ante las impugnaciones a tal decisión por parte de Emerita y Manos Limpias, la Audiencia Provincial ordenó allá por 2016 la reapertura de la investigación judicial.
