SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria UPA en Andalucía ha exigido este jueves la regularización básica de los mercados, un presupuesto suficiente y mejorar el sistema actual de ayudas en la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
En una nota, UPA-A ha señalado que esta reforma defiende que el objetivo principal es asegurar un futuro a los agricultores y ganaderos, garantizando así la producción de alimentos en cantidad y en calidad para abastecer los mercados de la Unión Europea y contribuir también a los del resto del mundo, cumpliendo como segundo objetivo la soberanía alimentaria.
Bajo esta premisa, UPA-A basa sus argumentos sobre la reforma de la PAC en tres pilares básicos. El primero es garantizar un presupuesto suficiente para asegurar la actividad agraria y ganadera. El sector necesita una ampliación de los recursos económicos, sobre todo si la base son dos elementos fundamentales: la incorporación de nuevos países al marco comunitario, y el hecho de que se ha mantenido el mismo presupuesto desde la Agenda 2000. "Si no se da este aumento del presupuesto, el sector agrario no tendrá garantías para el futuro", ha subrayado.
UPA-A recuerda que en las anteriores reformas llevadas a cabo, como en la Agenda 2000, nunca se habían desarrollado bajo un contexto de crisis de mercado "en el que no hay precios, como se está dando en la actualidad". De hecho, ha apuntado que desde Bruselas se ha publicado un informe que afirmaba que, en los últimos años, los agricultores han pasado de percibir de un 21 por ciento al 31 por ciento del precio total del producto.
Por todo ello, ha indicado que cobra especial importancia esta nueva reforma y la puesta en marcha de mecanismos de regulación de mercado, que permitan "atajar de una vez la persistente crisis de precios que está hundiendo a los agricultores y ganaderos, provocando el cierre de miles de explotaciones agrarias y ganaderas".
En este punto, UPA-A propone la puesta en marcha de distintos mecanismos, de los que destaca los tres principales: el establecimiento de un código de buenas prácticas comerciales, que permita "frenar la política abusiva de la gran distribución", el impulso de las interprofesionales, de modo que estas puedan convenir precios mínimos ligados a los costes medios de producción, al menos en situaciones de crisis; y, por último, la puesta en marcha de contratos-tipo efectivos entre industria y productores, que eviten el desequilibrio de la cadena alimentaria.
Asimismo, UPA-A advierte de que es necesario un cambio en los acuerdos preferenciales con terceros países, de modo que a los productos procedentes de países terceros se les exijan los mismos requisitos que a las producciones europeas.
Por último, y con respecto al sistema de ayudas, UPA-A apuesta por mantener la base del modelo actual, aunque mejorándola, donde podría entrar la subsidiaridad de los Estados Miembros, permitiendo así la llegada de un sistema mejor de ayudas.