Andalucía defiende su modelo de ordenación de viviendas turísticas frente al registro estatal

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha defendido este viernes en comisión parlamentaria el modelo de la comunidad de control de las viviendas de uso turístico frente al registro estatal de alquileres de corta duración, al considerar que introduce "duplicidades administrativas, costes e incertidumbre".

Así lo ha trasladado durante su comparecencia para informar sobre la adecuación de la política turística andaluza al marco regulatorio europeo en materia de servicios digitales y alquileres de corta duración.

El consejero ha situado el debate en el marco del Reglamento (UE) 2024/1028, que establece las bases del sistema de registro de los alquileres de corta duración en la Unión Europea.

Al respecto, la diputada socialista Isabel Aguilera ha defendido la ley socialista en materia de registro de viviendas turísticas creada por los Gobiernos socialistas.

Al tiempo, ha criticado que el consejero "haya decidido priorizar su campaña contra el Gobierno de España en lugar de garantizar la seguridad jurídica en el turismo andaluz".

Ante eso, Bernal ha defendido que cualquier desarrollo normativo debe respetar la jerarquía normativa, el reparto competencial y el principio de reducción de cargas administrativas.

En este contexto, ha cuestionado el modelo impulsado por el Gobierno central. Según ha explicado, el Real Decreto 1312/2024 crea un registro estatal adicional que se superpone a los registros autonómicos ya existentes.

Bernal ha señalado que esta decisión introduce problemas jurídicos y administrativos. En palabras del consejero, "se creó un registro estatal adicional, se duplicaron procedimientos administrativos y se generó un escenario de posible invasión competencial y de cargas administrativas innecesarias para los ciudadanos".

Frente a este planteamiento, el consejero ha defendido que la comunidad ya dispone de un sistema plenamente operativo a través del Registro de Turismo de Andalucía, previsto en la Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía y basado en la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia turística.

Bernal ha explicado que este registro permite ordenar la actividad, verificar el cumplimiento de los requisitos y facilitar la actuación inspectora de la administración.

Además, ha subrayado que el Gobierno andaluz ha reforzado los mecanismos de control en colaboración con los ayuntamientos y otros cuerpos administrativos para combatir la oferta irregular.

Como resultado de estas actuaciones, la administración autonómica ha cancelado más de 13.300 viviendas del Registro de Turismo de Andalucía por incumplimiento de los requisitos establecidos.

El consejero ha insistido en que el propio reglamento europeo establece un principio claro en materia de registro. "Una unidad no puede estar sujeta a más de un procedimiento de registro", ha recordado, al tiempo que ha defendido que una interpretación coherente del marco normativo europeo permite utilizar los registros autonómicos ya existentes como base del sistema.

"Una interpretación coherente con la jerarquía normativa y con el principio de reducción de cargas administrativas es considerar que el Registro de Turismo de Andalucía puede actuar como registro de base", ha afirmado.

Bernal ha señalado que el objetivo debe ser garantizar un sistema eficaz de identificación de las viviendas de alquiler de corta duración y de intercambio de información con las plataformas digitales, tal y como establece la normativa europea.

A su juicio, el modelo adecuado pasa por "un registro por unidad, un identificador y una interoperabilidad efectiva de datos".

El consejero ha recordado además que la Comisión Europea ha advertido sobre la posible duplicidad de registros en el ámbito de los alquileres de corta duración y ha fijado el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para que el sistema quede plenamente alineado con el reglamento comunitario.

En este escenario, ha defendido que la prioridad debe ser asegurar un marco normativo claro y coordinado. "El sector requiere que las normas sean claras, coordinadas y útiles", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado la posición de Andalucía en favor de un sistema basado en la cooperación institucional y el respeto al reparto competencial.