Broto dice que la séptima ola ha sido uno de los momentos "más difíciles" en las residencias

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha reconocido que la séptima ola de la pandemia del coronavirus en la comunidad autónoma, la sexta en España, ha sido "uno de los momentos más difíciles" de gestionar desde el inicio de la COVID-19, "quizá también porque no se esperaba".

En una comparecencia ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón, solicitada por el PP, Broto ha manifestado que ha sido "duro" y "complicado" desde el punto de vista epidemiológico y también porque ha tenido lugar en un momento en el que las familias "querían entrar a ver" a sus mayores y éstos salir, dadas las fechas navideñas en que se ha desarrollado esta curva epidémica.

"La pandemia ha llegado a las residencias de la misma manera que a la sociedad; la diferencia es que éstas cuentan con una población agrupada y con una característica de vulnerabilidad", ha expuesto la responsable de Ciudadanía.

Ha añadido que desde el Gobierno "hemos actuado en muchas vertientes, planteando medidas pioneras respecto al conjunto de las comunidades autónomas", centradas en el "apoyo financiero, técnico y material", así como "acompañando y cooperando con los centros".

Broto ha agradecido la dedicación tanto de los directores de las residencias, como de los trabajadores y ha querido "lanzar un mensaje de confianza a la sociedad" porque "hay que cuidar la reputación y la buena imagen del sector; éste nos lo ha pedido y agradecido y lo merecen" porque "no podemos consentir que se estigmatice a las residencias".

MATERIAL

La consejera ha mencionado algunas de las medidas implementadas, como el material de protección entregado a estos centros por valor de tres millones de euros o los 50.000 test de antígenos facilitados, "y lo seguiremos haciendo".

Asimismo, ha contado que en 2021 se hizo una lista de trabajadores "que nunca hemos cerrado" y, además, se ha habilitado a 1.700 personas que no tenían acreditadas las competencias en este ámbito, gracias a la "flexibilización" que se acordó en el Consejo Territorial.

"Es una gestión importante que no se ha hecho en todas las comunidades autónomas", que permite contar con estas trabajadoras "hasta 2023", un periodo que Broto va a pedir que se amplíe en el Consejo Territorial, ha anunciado.

La consejera ha dicho, respecto a las instrucciones a las residencias, que son "jurídicamente correctas" y se han adaptado a la situación. Se han elaborado con el propósito de lograr un "equilibrio" entre el control de contagios y el bienestar emocional de los mayores, siempre "corroboradas" por Salud Pública, que es "quien decide en materia de salud".

En este sentido, ha subrayado la coordinación "excelente" que ha habido con el Departamento de Sanidad, ha comentado que la decisión de vacunar primero en las residencias "fue acertadísima", gracias a lo cual, ante esta séptima ola, con un elevado número de casos, el impacto ha sido "mucho más leve".

CAMBIO DE MODELO

Broto ha sostenido que también se está trabajando en el cambio del modelo de atención en residencias, centrado en la persona y que la pandemia ha demostrado necesario, algo que también piden los centros privados y el tercer sector.

En este contexto, ha precisado que en el reparto de fondos europeos se ha tenido en cuenta los nuevos modelos de atención a las personas. Además, ha dado a conocer que el Departamento ha publicado un libro que recoge el marco teórico y nuevo modelo de atención, una guía de buenas práctica y se ha revisado la organización de todos los centros públicos. También hay un estudio sobre como tienen que ser los profesionales de referencia.

Asimismo, ha comentado que las residencias "han valorado positivamente" los 9,5 millones de euros destinados a equipamientos y se ha referido al borrador en el trabaja el Ministerio de Derechos Sociales, con patronal y sindicatos, que deberá negociar después con las comunidades autónomas, que plantea residencias de mayores con un máximo de 90 plazas y, al menos, el 65% de habitaciones individuales. La consejera ha apuntado que estos cambios deberán ir unidos a financiación.

Sobre las críticas de la oposición, ha señalado que convierten "la excepción en categoría", ha lamentado que sean "tan cortoplacistas" y pretendan "desprestigiar" y usar este asunto "como arma arrojadiza".

NO HA ESTADO A LA ALTURA

La diputada del PP, Marián Orós, ha opinado que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales "no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha sabido liderar, ni ejecutar las medidas, algunas prometidas, y ha sido incapaz de exigir a Sanidad que pusiera a las residencias de mayores en sus prioridades en esta pandemia".

Según la parlamentaria, las residencias "han recibido órdenes y contra órdenes, han estado muy monitorizadas", pero han echado en falta que el Departamento les ayudara "con más materiales, más test y más trabajadores", además de que todavía no se ha publicado la línea de ayudas anunciada. También ha pedido "más transparencia" en la información que se aporta a los grupos parlamentarios.

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha lamentado el "populismo" de la oposición, dejando a un lado el "debate responsable" para "conseguir un titular que pueda desgastar al Gobierno, sin tener en cuenta el impacto que pueda tener en el sector" y ha afeado que no hayan sido capaces de formular "ni una valoración positiva de la vacunación o de las bolsas de personal".

La representante de Ciudadanos, Loreto Camañes, ha preguntado por qué desde el Gobierno de Aragón "no fueron previsores y se mantuvieron actualizadas en todo momento las bolsas de empleo para cubrir las bajas producidas por el alto contagio de la variante ómicron" y ha querido conocer cuándo se va a publicar la línea de ayudas "para que las residencias puedan recuperarse del importante desembolso económico que han hecho desde el inicio de la pandemia" para proteger a sus usuarios.

La parlamentaria de Podemos, Vanesa Carbonell, ha subrayado el apoyo económico, material y técnico que ha aportado el Gobierno de Aragón a las residencias, así como el "trabajo estrecho" entre Departamentos.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha estimado que la oposición "se mira en el espejo de las contradicciones" cuando señala que las trabajadoras de residencias "cobran poco, pero no quieren que suba el Salario Mínimo Interprofesional, que es su sueldo de cabecera" o cuando "solo piden mejoras para las residencias privadas".

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El representante de VOX, David Arranz, ha recordado el informe aprobado por unanimidad en una comisión especial constituida en las Cortes de Aragón, donde se apuesta "por un cambio de modelo" en las residencias, con una atención centrada en la persona y la necesaria mejora de las condiciones de los trabajadores, y ha propuesto poner en marcha un plan que permita la atención psicológica tanto de residentes, como de trabajadores, tras el impacto de la pandemia.

El diputado del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha estimado que la comunidad autónoma "ha trabajado excepcionalmente bien, ha sabido aunar a la Administración y al sector" a la hora de implementar medidas y "se ha apoyado financieramente con recursos, material y personal", al tiempo que se trabaja en el dictamen de la comisión especial sobre residencias y en sus 96 medidas, pero esto "no se logra de la noche a la mañana".

El representante de IU, Álvaro Sanz, ha esgrimido que hay que trabajar "en lo urgente" a causa de la séptima ola, pero también en el futuro, para "mirar hacia adelante", y aplicar las medidas recogidas en el dictamen. Ha incidido en unas condiciones "dignas" para las trabajadoras.