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OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado la nueva Ley de Cooperativas de 2026, una normativa que ha introducido cambios diseñados para fomentar la creación de empleo, reducir las cargas administrativas y adaptar el sector a las exigencias de un mercado competitivo y digitalizado. El texto ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Convocatoria-IU, Grupo Mixto y con la abstención de Vox.
Entre las principales novedades organizadas, la ley, que ha defendido en el pleno el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, modifica la constitución y estructura orgánica al reducir a dos el número mínimo de personas socias para constituir una cooperativa de primer grado, buscando potenciar la creación de entidades y evitar disoluciones por pérdida de integrantes.
Asimismo, flexibiliza los órganos sociales al establecer que el Consejo Rector solo es obligatorio con diez o más socios, y la figura del interventor a partir de cinco socios, además de regular la web corporativa y generalizar las reuniones telemáticas.
En el régimen económico, la normativa ha mantenido el capital social mínimo en 3.000 euros, pero ha permitido el desembolso aplazado del 25% inicial y el resto en un plazo máximo de cuatro años. También ha limitado la dotación de la reserva obligatoria hasta duplicar el capital social, ha dado un tratamiento homogéneo a los fondos en casos de disolución o transformación, y ha eliminado la obligación genérica de presentar un informe de gestión con las cuentas anuales.
Con el objetivo de agilizar trámites y aportar seguridad jurídica, el Principado ha permitido realizar la disolución, liquidación y extinción de forma simultánea si no existen deudas sociales, y ha eliminado la obligación de publicar acuerdos en periódicos de gran circulación, sustituyéndolos por otros trámites.
Adicionalmente, ha potenciado la función informativa del Registro de Cooperativas para solicitar una calificación previa de legalidad de los estatutos antes de su elevación a escritura pública.
Por último, la ley ha creado y actualizado clases de cooperativas, incorporando las de Impulso Empresarial, Desarrollo Local y de Industrias Culturales y Creativas, mientras que las de explotación comunitaria de la tierra han pasado a llamarse de explotación comunitaria.
El Principado ha incluido medidas para promover la contratación pública responsable que favorezca a las cooperativas, matices para la calificación de entidades sin ánimo de lucro o de iniciativa social, y la exigencia de procurar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la administración junto con medidas de conciliación.