El fiscal pide cuatro años de cárcel para cada uno de los dos acusados e indemnizaciones por más de 1,6 millones de euros
SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el incendio del complejo residencial del 'Jai Alai' de Laredo afronta este viernes su segunda sesión, después de que los dos empleados de una tienda de electrodomésticos acusados del suceso por el presunto mal montaje de una placa de cocina afirmasen que no la dejaron conectada y negaran ser los causantes del suceso, en el que fallecieron seis personas, siete resultaron heridas y hubo importantes daños materiales.
En la primera sesión, celebrada el 25 de febrero en el salón de actos de Las Salesas, los dos acusados, Óscar.B.P y Alberto.M.P., para los que el fiscal pide un total de ocho años de prisión --cuatro años para cada uno-- explicaron que su trabajo era entregar los electrodomésticos que compraban los clientes en los domicilios, no de dejarlos en funcionamiento, algo de lo que se encargaba un instalador, algo que corroboró en la vista su jefe y propietario de la tienda.
Ambos explicaron que el 26 de julio de 2006, día de los hechos, llevaron la placa pero la dejaron la desconectada y se limitaron a fijarla a la encimera.
En contraposición a lo manifestado en declaraciones previas al juicio por algunos testigos, como la empleada del hogar del domicilio al que llevaron la placa, los acusados negaron que, mientras se encontraban en el piso, comentasen la existencia de algún tipo de problema con los tubos de conexión.
En la primera sesión del juicio, también declaró, entre otros, el comprador de la placa de la cocina y propietario de la vivienda en el que se ocasionaron la explosión y el posterior incendio, suceso en el que falleció su esposa y él y sus hijos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.
Éste negó que él conectase la nueva placa y, en contra de la versión de los acusados, afirmó que éstos, cuando terminaron la instalación, la encendieron.
Además, señaló que advirtió a los acusados de que la instalación de la casa era de gas propano y afirmó que éstos a su vez le informaron de que habían venido piezas para gas natural y había que pedir otras.
Relató que los acusados no le advirtieron que, mientras tanto, sólo utilizase la parte eléctrica y le dijeron que podía cocinar esa noche. Además, aseguró que "no le dijeron nada del gas ni las llaves" de paso.
En contraposición, los empleados de la tienda de electrodomésticos afirmaron en el juicio "no recordar" si advirtieron al comprador que no utilizara la cocina.
En la primera sesión, también declaró por videoconferencia un agente de Guardia Civil que acudió al lugar de los hechos, hizo el atestado sobre la explosión y asistió a la declaración de la empleada del hogar del domicilio al que se llevó la placa.
Según señaló, ésta explicó que habían estado dos chicos instalando una placa y dijeron "algo de que no les coincidía la conexión de la palca nueva con la que había" y que no la habían podido conectar y habían quedado con otro compañero y que el dueño del establecimiento les dijo que no debían haber instalado la placa.
Sin embargo, otro guardia civil afirmó que esta empleada del hogar no les dijo nada sobre instalación, sino que les informó que los dos hombres que trajeron la placa hicieron los anclajes.
Tras la declaración de los testigos, en la primera sesión llegó el turno a los peritos judiciales que confirmaron que el "epicentro" de la fuga se encuentra en la cocina del piso 2ºC del portal 2B de dicho complejo residencial, que es la vivienda en la que se colocó la placa.
Además, uno de ellos afirmó que "es posible" que una fuga se produzca por la tarde, permita cocinar horas más tarde sin que haya explosión y que ésta se produzca horas más tarde, de madrugada, como en esta ocasión.
Está previsto que en la sesión de este viernes, se visione, entre otras, la testifical de la empleada del hogar. La sesión comenzará a partir de las 9.00 horas, lo mismo que, en principio, la prevista para el 14 de marzo.
PENAS
Además de los cuatro años de prisión para cada acusado, el fiscal les reclama indemnizaciones por más de 1,6 millones de euros, de los que 982.963 corresponden a los daños en las viviendas y edificio, y 620.982 a daños personales y fallecimientos, cifra que puede elevarse al no incluir las correspondientes a cuatro fallecidos.
El Ministerio Público les imputa un delito de estragos por imprudencia grave, seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones por imprudencia grave.
El fiscal también reclama para ellos la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de montadores e instaladores de aparatos electrodomésticos durante seis años.
EL RELATO DEL FISCAL
Según el escrito del fiscal, la tarde del suceso los acusados, ambos empleados de un establecimiento comercial de Laredo y sin "cualificación profesional alguna", acudieron a la vivienda 2ºC, portal 2B del citado complejo residencial, situado en la calle Derechos Humanos para colocar una placa de cocción mixta que el propietario del piso había comprado días antes.
Así, retiraron la placa antigua e instalaron la nueva, a pesar de que esta última era de gas natural y el servicio de la vivienda era de gas propano. De esta manera, y "con conocimiento" de que los tubos de la cocina y de la placa presentaban distintas secciones y diámetro, procedieron a unirlos a través de un tubo flexible de goma, material "no adecuado" para realizar tales conexiones, y dos abrazaderas metálicas.
Los acusados abandonaron el lugar "sin advertir" al propietario del peligro que conllevaba tal instalación y "sin comprobar" que estuvieran cerradas las llaves de paso de gas existentes en el domicilio.
En la madrugada del 27 de julio, se produjo una explosión en la vivienda, cuya causa fue una fuga de gas propano que se produjo en el tramo que lo suministraba a la placa de cocción, en concreto en el instalado por los acusados.
Como consecuencia de la explosión y posterior incendio del edificio s e produjeron múltiples daños personales y materiales. Así, ese mismo día fallecieron cinco personas: un matrimonio y su hija que vivían en la vivienda 3ºC; y dos mujeres que residían en la situada en el 3ºD del inmueble siniestrado.
Además, el 15 de agosto, tras varios días ingresada en el Hospital vizcaíno de Cruces, falleció la esposa del propietario de la vivienda siniestrada.
Este último y sus dos hijos, de 11 y 7 años, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en numerosas zonas del cuerpo que requirieron varias intervenciones quirúrgicas y de las que tardaron en recuperarse entre 656 y 293 días. También les quedan importantes secuelas estéticas, dolor y estrés postraumático, entre otras afecciones.
Otras cuatro personas sufrieron lesiones por inhalación de humo, intoxicación y estrés postraumático.
Además, se produjeron daños materiales en más de 40 viviendas del edificio. En las zonas comunes del Jai Alai, el fiscal eleva la cuantía de los desperfectos a 340.688 euros.
