(Ampl) Sindicatos acusan al Gobierno cántabro de "trasladar" a los policías locales su "guerra política" con Santander

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos representados en los cuerpos de policía local de Cantabria (CC.OO., UGT, CSIF, USO y APL) acusaron hoy al Gobierno regional de "trasladar" a las plantillas policiales la "guerra política" que mantiene con el Ayuntamiento de Santander, en "una especie de vendetta política".

Los trabajadores no entienden que la Dirección General de Justicia haya recurrido las bases de promoción interna de la plaza de intendente de la Policía Local de Santander y no haya puesto ninguna objeción a promociones previas en otros ayuntamientos como Camargo, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna o Torrelavega que estipulaban "los mismos requisitos".

A los representantes sindicales les resulta "sospechoso" que el Gobierno haya decidido exigir que las selecciones incluyan pruebas físicas y psicotécnicas, además de reconocimiento médico, cuando se ha convocado una promoción en el Ayuntamiento de Santander, y coincidiendo además en el tiempo con el momento en el que los sindicatos policiales se han levantado de la mesa de negociación para la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales.

En cuanto a la modificación de la Ley, los sindicatos reconocen que necesita cambios, pero esencialmente "de chapa y pintura", no de "motor" ni de "ruedas".

Confían además en que en las negociaciones, que se retoman el próximo lunes con una nueva propuesta sobre la mesa, el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, sea el "gran consensuador" que quiere hacer ver y "no consienta" propuestas que "atenten" contra los derechos personales, profesionales y sindicales de los agentes.

Estas y otras reflexiones sobre la situación actual de los cuerpos de policía local las realizaron en una rueda de prensa conjunta los responsables regionales en el ámbito policial de los distintos sindicatos: Nicolás Ruiz (UGT), Fidel Noriega (CC.OO.), Juan José González Olazarán (APL), Michel Roqueta (CSIF) y Marcelo Díaz (USO).

PROMOCIÓN INTERNA

En lo relativo a los procesos de promoción interna, el ugetista Nicolás Ruiz lamentó que el "enfrentamiento" entre la administración regional y el Consistorio santanderino está "repercutiendo" en las selecciones y, en consecuencia, los "damnificados" son los policías locales, no sólo de Santander, sino de los demás ayuntamientos que convoquen en adelante procesos de promoción interna.

"No entendemos el interés del Gobierno por torpedear las bases de promoción interna y por empezar por el Ayuntamiento de Santander", añadió el representante sindical, quien insistió en que las bases, tal y como se aplican actualmente, "son legales". Según dijo, no se entiende el "interés" del Ejecutivo autonómico por "retrasar y recurrir" los procesos y pidió al Gobierno que se dedique a "aplicar las leyes" en lugar de "interpretarlas", como está ahora "de moda"

En su opinión, las pruebas físicas, psicotécnicas y médicas no resultan "lógicas" en una promoción interna, cuando se llevan "años" ejerciendo la profesión, y tampoco tiene sentido que la Dirección General de Justicia recurra ahora las bases de la promoción de Santander por falta de dichos procesos, cuando el propio director de justicia, Juan Carlos Mediavilla, ha formado parte de tribunales calificadores en otros ayuntamientos que tampoco exigieron esas pruebas y no hizo constar "ningún desacuerdo".

Aun con todo, según explicaron hoy los representantes sindicales, han solicitado al Ayuntamiento de Santander que modifique las bases del actual proceso de promoción interna para poder "desbloquearlo".

"LA ESPADA DE DAMOCLES"

En esta línea, Fidel Noriega (CC.OO.), tras remitir a una sentencia ganada por su sindicato en la vía de lo contencioso-administrativo que no considera necesarias esas pruebas, porque ya fueron superadas por los agentes en su acceso a los respectivos cuerpos, criticó que el Gobierno ha colocado la "espada de Damocles" sobre la promoción interna en Santander.

Además, rechazó que el consejero de Presidencia acuse a los sindicatos de estar "teledirigidos" por el concejal de Policías santanderino, Miguel Ángel Sañudo.

Por el contrario, Juan José González Olazarán, de la Asociación de Policías Locales (APL), atribuyó al director general de Justicia el "demérito" de haber logrado poner del mismo lado a los sindicatos y a los ayuntamientos en la negociación de la modificación de la Ley de Coordinación.

MODIFICACIÓN DE LA LEY

En cuanto a la negociación para modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales, los sindicatos aseguraron estar "expectantes" y con "espíritu abierto" de cara a las negociaciones que se van a retomar a partir del lunes con un nuevo documento de propuestas que les ha remitido la Consejería, tras analizar las reivindicaciones de las partes.

González Olazarán confió en que el consejero sea de verdad un "gran consensuador" y ejerza de "filtro" para que no lleguen a la mesa propuestas que dañen los derechos de los agentes, como sucedía con las propuestas iniciales. Advirtió además de que los derechos y garantías personales, profesionales y sindicales de los agentes no son "cromos para cambiar" en esas negociaciones.

A su juicio, la Ley necesita reformas "de chapa y pintura", por ejemplo para regular la segunda actividad o la carrera profesional, pero no precisa cambios de fondo ni mucho menos que se "toque" el régimen disciplinario, se "quite" representatividad a determinados ayuntamientos o se aborden algunos asuntos que "sólo benefician a quienes los proponen".