ARCA no permitirá que se legalice "ni una sola" casa con sentencia de derribo y luchará hasta que la última sea demolida

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista ARCA "no va a consentir ni permitir que se legalice ni una sola" de las viviendas sobre las que pesan sentencias de demolición y luchará "hasta con sus últimas fuerzas" hasta que "la última casa sea derribada".

Así lo dijo hoy el presidente de la asociación, Gonzalo Canales, en respuesta a preguntas de los periodistas a propósito del Plan de actuación sobre las sentencias de derribo presentado esta semana por el Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) --que propone legalizar 400 viviendas-- y sobre la situación de los afectados.

Canales explicó que la asociación todavía no ha recibido el plan y no puede pronunciarse al respecto, pero lo que sí resaltó es que, mientras el primer plan les fue entregado y se lo explicó el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, en esta ocasión ni les han llamado, ni les han facilitado copia ni tampoco les han consultado, a pesar de que son "una de las partes fundamentales" en el proceso.

En cualquier caso, recalcó que no consentirán que se legalice ni una sola vivienda porque hay que cumplir la ley y es "peligroso" trasladar el "mensaje" de que "se haga lo que se haga" en materia urbanística "no pasa nada" porque después se legaliza. Eso, a su juicio, "va contra el estado de derecho".

"El problema", para Canales, es que no ha habido responsabilidades, no se ha visto dimitir ni entrar a la cárcel a ningún político y, en definitiva, no se ha visto que lo sucedido tenga "ninguna consecuencia para los políticos".

En cuanto a la situación de los compradores, el presidente de ARCA aseguró que los afectados no son ellos, sino todos los ciudadanos de Cantabria, que "han perdido parte de su paisaje" y además van a tener que pagar el coste de las demoliciones. "No es que vayamos contra 500 familias", lo que ocurre es que "por encima está el interés general", cumplir la ley y la conservación del paisaje, apostilló.