El derribo de las 663 viviendas ilegales costaría 300 millones, según Greenpeace

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El derribo de las 663 viviendas con sentencias firmes de derribo ubicadas a lo largo de los 284 kilómetros de costa de Cantabria costaría entre 243 y 300 millones (si se contemplan las indemnizaciones) según la organización ecologista Greenpeace, que también estima en 139 millones la protección puntual de la costa cántabra contra el cambio climático.

Son datos incluidos en la duodécima edición del informe 'Destrucción a toda costa 2012', que ha presentado este jueves Greenpeace en rueda de prensa, en el que a través de varios ejemplos hace un análisis económico y ambiental de la actual gestión costera, y de las consecuencias de la inminente reforma de la Ley de Costas.

La organización ecologista ha comprobado cómo la mala gestión costera (con actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos) supone un derroche constante de dinero público que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa.

Sólo en los casos analizados en Cantabria, Greenpeace ha descubierto que se han "malgastado" 300 millones de euros debido a la "ausencia de control de los desmanes urbanísticos de los ayuntamientos con las promotoras a las que concedieron licencias ilegales". A ello hay que sumar el 1,2 millones de euros que costaría el derribo de la depuradora ilegal Vuelta Ostrera (sobre las marisma de Cortiguera, en Suances) cuya construcción tuvo un presupuesto de 24 millones de euros.

Además, según Greenpeace, la política actual de costas no está teniendo en cuenta "la mayor amenaza" a la que se enfrenta el planeta, el cambio climático, una "inaceptable falta de visión de futuro" que supondrá para Cantabria un gasto cercano a los 139 millones de euros hasta 2100 debido a la intensificación de los temporales y las sequías, así como a la subida del nivel del mar.

En este sentido, la organización especifica que la restauración ambiental para los horizontes de subida de nivel del mar por cambio climático requerirá una inversión de 48 millones de euros para recuperar temporalmente las playas de arena fina, de 15,5 millones para recuperar acantilados y de 26 millones para restaurar marismas.

Esta nueva edición del informe 'Destrucción a toda costa' cuenta con el testimonio de veinte personas que viven en el litoral, dos de ellas en Cantabria. Todas muestran cómo se puede vivir gracias a una costa bien conservada y por otro lado, cómo afecta convivir con un litoral destruido, contaminado o perdido para siempre. Con sus retratos y sus palabras Greenpeace se acerca a los efectos que las actividades humanas tienen en el equilibrio natural que conforma nuestra costa y en sus habitantes.

Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. La mala gestión también se traduce en pérdidas: Naciones Unidas estima que se ha perdido ya casi el 60 % de la superficie de humedales costeros, el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado en la costa española.

GESTIÓN DEL LITORAL

Greenpeace denuncia que la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral provoca que España deje de ganar 7.745 millones de euros cada año en beneficios ambientales de la costa, ya que por ejemplo el valor productivo de las reservas marinas del Estado se estima en 500 millones de euros al año.

Una de las soluciones que propone Greenpeace para revertir las pérdidas, e incluso obtener mayores beneficios, es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que genera cada año sólo en turismo costero) vinculando el turismo a la sostenibilidad.

En 2020 se podrían obtener 18.600 millones de euros de beneficio turístico, añadido al actual, recuperando la integridad física del litoral, eliminando irregularidades e ilegalidades, buscando alternativas a industrias y viviendas en primera línea de mar, y recuperando las características de los ecosistemas costeros.

Desde el sector turístico se está dando un mensaje claro sobre el gran reto de la industria turística cántabra. Así, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria afirma que el turismo sostenible en la región "debe ser una obligación", de forma que invertir en medio ambiente será una riqueza futura.

Greenpeace también reclama en el informe una profunda reflexión en torno a cuál debe ser el modelo de futuro en la costa. Los empresarios de Cantabria afirman que la Ley de Costas pone en peligro la supervivencia de 1.200 empresas aunque, según la organización ecologista, sólo existen 80 asentadas total o parcialmente en dominio público costero y todas ellas tienen la posibilidad de resolver su situación "sin necesidad de dinamitar el articulado de la Ley de Costas".