Entregadas cinco declaraciones de reparación a familias de personas de Castro represaliadas durante el franquismo

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho entrega este sábado de cinco declaraciones de reconocimiento y reparación personal a familias de personas de Castro Urdiales represaliadas durante la dictadura franquista.

Este recuerdo y homenaje se ha celebrado en el Castillo-Faro de la localidad cántabra y ha contado con la participación de la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio, Zoraida Hijosa, y la alcaldesa, Susana Herrán.

Han recogido estas declaraciones de reparación, enmarcadas en la Ley de Memoria Democrática, los familiares de Segundo García Hervás, Manuel Gutiérrez Larena, Alberto Herrería Morlote, Eladio Isla Arredondo y José Gregorio Pardo Porres, todo ellos vecinos del municipio, ha indicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

La directora general de Atención a las Víctimas ha reafirmado el compromiso del Ministerio de "seguir desarrollando y potenciar la Ley de Memoria Democrática" y ha invitado a las comunidades autónomas que impulsan la derogación de las leyes de memoria, como es el caso de Cantabria, a "trabajar para promover verdaderamente la reparación, la verdad y la justicia".

Hijosa también ha destacado la importancia de este acto de homenaje y reparación en Castro Urdiales, en el marco del cual también se ha colocado una placa en el cementerio de la Ballena.

"Reconocemos hoy oficialmente a personas que fueron humilladas, maltratadas y asesinadas por defender la libertad y el orden constitucional", ha manifestado la directora general, que ha señalado que estas declaraciones cumplen con "el derecho a conocer la verdad de lo que pasó, al reconocimiento y a la reparación de personas y familias que vivieron décadas silenciadas".

"Todas ellas fueron víctimas inocentes a las que honramos hoy aquí", ha remarcado Hijosa, que ha explicado que las declaraciones entregadas "declaran ilegales e ilegítimos los tribunales y jurados que condenaron a estas personas y declaran nulas e ilegítimas todas las condenas, sanciones o resoluciones contra ellas".