Fernández asegura que el convenio firmado hoy con otro centenar de propietarios de Argoños hace "justicia" con los afectados
SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria "ha garantizado ya el patrimonio" a más de 300 familias afectadas por sentencia de derribo en varios municipios de la región, concretamente de Argoños, Arnuero, Escalante y Piélagos, mediante la firma de un convenio por el cual la Administración regional se compromete con estos propietarios, en el supuesto que los tribunales decidan finalmente la demolición de sus casas, bien a indemnizarles o bien a otorgarles otra vivienda de similares características a la suya.
Este sábado han suscrito estos convenios con el Ejecutivo cántabro casi otro centenar de afectados de Argoños pertenecientes a las urbanizaciones Pueblo del Mar y Las Llamas II, en un acto celebrado en la sede del Ayuntamiento de este municipio y al que han asistido el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el alcalde, Juan José Barruetabeña.
Entre los afectados firmantes del convenio, ha destacado la presencia del presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Fernández ha señalado que este "magnífico" documento de garantía patrimonial hace "justicia" con los propietarios, que ven con él restablecidos sus derechos y pueden "por fin" empezar a "pasar pagina de la pesadilla" que han sufrido durante años. Ha añadido que este modelo de acuerdo permitirá a la Comunidad Autónoma solucionar este problema "gastando los menos recursos posibles" del conjunto de los cántabros.
Sin embargo, y a pesar de que este acuerdo supone un "paso importante", el consejero ha asegurado que el Gobierno no da el proceso por terminado, sino que ahora comienza el periodo de ejecución de todos los compromisos plasmados en él, para lo que ha solicitado a los propietarios "la misma confianza" depositada en el Ejecutivo y en el Ayuntamiento hasta ahora.
Finalmente, ha agradecido la paciencia que han tenido en todo este tiempo y ha felicitado la labor conjunta de la Consejería, los ayuntamientos implicados y AMA para avanzar en una "solución definitiva" al problema de los derribos en Cantabria.
Por su parte, Antonio Vilela, en representación de los afectados, ha dado las gracias al Gobierno y al Ayuntamiento por el trabajo realizado y ha valorado que hoy se da un "paso muy importante" en el proceso, ya que este convenio suscrito con la Administración confiere "seguridad" a los propietarios.
MÁS DE 300 FAMILIAS
Los firmantes de este sábado se suman a los otros 97 propietarios de La Llana I y II, también en Argoños, que el pasado fin de semana rubricaron con el Gobierno el mismo convenio de garantía patrimonial. Teniendo en cuenta también a los afectados de Arnuero, Escalante y Piélagos, en total son ya más de 300 las familias que a día de hoy han optado por esta fórmula ideada por el Ejecutivo, que espera alcanzar un total de 350 acuerdos de este tipo en esta legislatura.
Este modelo es de aplicación a todas las viviendas que tienen encaje en los planeamientos urbanísticos en tramitación y, por lo tanto, a aquellas que pueden ser objeto de legalización una vez que se aprueben los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) de cada municipio y se otorguen las nuevas licencias.
El convenio recoge el derecho de las familias a que la Administración corra con todos los gastos que se produzcan durante el proceso de legalización y el derecho a ser indemnizados si estos procesos de legalización no llegan a buen término. Si esto ocurre, podrán optar por una indemnización económica fijada por un perito independiente o bien por una nueva vivienda de similares características a la suya.
CONVENIO CON ARGOÑOS
Por otro lado, el Gobierno y el Ayuntamiento de Argoños firmaron el pasado jueves el convenio por el que se articulan las relaciones internas de liquidación de deuda que, como responsables solidarios frente a terceros, deben asumir ambas Administraciones.
En el convenio se articula, por un lado, el esquema básico del modo de proceder del Gobierno, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y el Ayuntamiento de Argoños para la ejecución de la sentencia que lleva a aparejada orden de demolición de las 78 viviendas de la urbanización Pueblo de Mar y las 22 viviendas de Las Llamas II, es decir, el reparto al 50% de las obligaciones a ejecutar por cada una de las Administraciones con el fin de cumplir con su obligación solidaria de responsabilidad frente a terceros.
También regula el modo de liquidar las cantidades en que la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Argoños incurran como responsables solidarios frente a terceros en la ejecución de la sentencia que lleva aparejada la orden de demolición de estas viviendas.
