El Gobierno tomará medidas contra el empleado de SICAN cuando reciba comunicación expresa de las amenazas a De la Serna

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria adoptará medidas contra el empleado de la empresa pública SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) cuando reciba comunicación "expresa" de las amenazas que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha denunciado recibir a través de mensajes enviados desde un ordenador de esta sociedad pública a un foro digital de la página Web de El Diario Montañés.

Por el momento, según precisó a preguntas de los periodistas la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Dolores Gorostiaga, el Gobierno no tiene comunicación de lo sucedido "más allá" de lo publicado en los medios de comunicación.

La vicepresidenta recordó que el único requerimiento que han recibido fue una petición desde el Juzgado relacionada con el domicilio de este empleado de SICAN, sociedad que remitió una relación de todos sus trabajadores.

"Tomaremos en el momento adecuado todas las medidas para sancionar una acción que no se debe hacer", explicó Gorostiaga, quien señaló que para poder abrir un expediente a esa persona, "que es lo que procede", debe existir comunicación "expresa" de los hechos denunciados.

No obstante, la vicepresidenta aclaró que desde el Gobierno no se van a tolerar este tipo de comportamientos, "sea quien sea el que lo haga", y aseveró que los medios de trabajo que se ponen a disposición de los empleados públicos "son eso, medios de trabajo". Tras la denuncia de los hechos, se trasladó asimismo a "todo el Gobierno" cuál es la "forma de comportamiento" que se tiene que hacer en relación a estos asuntos.

"A día de hoy el Gobierno de Cantabria no tiene comunicación más allá de los medios de quién es y de qué se le acusa. En el momento que la tengamos, tenemos referentes", insistió Gorostiaga, quien reiteró que tras la petición judicial, no se supo más de este tema hasta el pasado sábado, cuando De la Serna realizó la denuncia "en los medios". "Que yo sepa, en ningún sitio más", apostilló.

La vicepresidenta detalló que en la función pública el procedimiento para las sanciones forma parte de un proceso "garantista" que está debidamente "preestablecido", y que incluye un expediente, con unos instructores que al final adoptan una resolución al respecto.