La Junta de Personal del Gobierno denuncia que el trabajo se organiza con fichas de puestos sin actualizar desde 1986

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Gobierno de Cantabria (TU, CCOO, SIEP, CSIF y UGT) ha denunciado este miércoles la "grave situación, deliberadamente ignorada" de la Administración autonómica, "que continúa organizando el trabajo de los funcionarios con fichas de puestos que, en su mayoría, no se han actualizado desde hace casi 40 años", concretamente desde 1989.

Según los sindicatos, esta "obsolescencia" provoca que las funciones recogidas en dichos documentos no se correspondan "en absoluto" con la realidad del trabajo que desempeñan diariamente los funcionarios que asumen tareas "que exceden o difieren de las definidas en sus fichas".

En este sentido, han advertido que, de aplicarse estrictamente dichas funciones "desfasadas", se produciría "una grave disfunción que podría llegar a comprometer el correcto funcionamiento de la Administración o llegar incluso a la paralización de la actividad ordinaria".

En un comunicado, la Junta ha subrayado que "esta desidia institucional e inacción es más grave" teniendo en cuenta que en 2016 el Gobierno de Cantabria adjudicó un contrato a una empresa privada para analizar y actualizar estas fichas. Sin embargo, a día de hoy, las organizaciones sindicales han solicitado en reiteradas ocasiones acceso tanto al contenido de dicho contrato como a los resultados de los trabajos realizados, sin haber obtenido respuesta, han afirmado.

En ese contexto se constituyó la Mesa Técnica de Fichas de Puestos, órgano llamado a abordar esta problemática de manera participativa. No obstante, pese a las "insistentes" solicitudes, éstas han sido "completamente ignoradas" y la mesa no ha sido convocada.

Todas estas reivindicaciones se han traslado formalmente a la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta. Igualmente, la situación ha sido puesta en conocimiento de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, como máxima responsable de la gestión de la función pública, que tampoco ha atendido las solicitudes planteadas, según la representación sindical.

Ante este escenario, la Junta de Personal ha denunciado "la falta de transparencia, la inacción administrativa y el abandono de una cuestión clave para la organización del empleo público". Y ha exigido, de manera urgente, la actualización de las fichas de puestos de trabajo, la convocatoria inmediata de la Mesa Técnica y el acceso a la información relativa al contrato adjudicado en 2016.

Esta situación de "bloqueo absoluto" afecta tanto al funcionamiento de la Administración como a la organización interna, en particular a los procesos selectivos y la movilidad de los funcionarios puesto que al no estar actualizadas y catalogadas las funciones se imposibilita la implantación del concurso abierto y permanente, lo que conlleva "una desorganización estructural y una pérdida de eficacia en la gestión de los servicios públicos", han subrayado.

Como ejemplo se han referido al Cuerpo General Auxiliar de nuevo ingreso, cuyo proceso selectivo finalizó en enero de 2025 y que, tras un año y tres meses, sigue aguardando la toma de posesión a esta fecha con 75 aspirantes seleccionados y a la espera de su plaza.

"Resulta inaceptable que se hable de modernización y de simplificación administrativa cuando el Gobierno regional se niega a dar respuesta a esta problemática siendo incapaz de abordar procesos selectivos de forma ágil por esta falta de adecuación de las fichas de puestos que además ponen en vilo la seguridad jurídica de los funcionarios e impiden la implementación del concurso abierto y permanente como sistema ordinario de provisión que actualmente se ha visto desplazado por un sistema de comisiones de servicio en gran medida excepcionales que suponen una libre designación encubierta, situación ya denunciada", ha recalcado la Junta.

Finalmente ha reiterado que "lo que está en juego no es solo una reivindicación laboral. Es el funcionamiento mismo de la Administración y la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía".