El proyecto de ley de autorizaciones provisionales incorpora enmiendas de PRC y PP y se debatirá el lunes 17

SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Cantabria ha debatido este martes el informe de la ponencia y enmiendas presentadas al proyecto de ley que propone conceder autorizaciones provisionales para evitar el derribo de viviendas hasta la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios.

En este trámite, y con los votos a favor de PP y PRC y en contra del PSOE, se han incorporado al proyecto de ley, que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, 17 de junio, enmiendas de los Grupos Regionalista y Popular, que se han felicitado por este "principio de acuerdo" y han deseado que al final haya un "acuerdo definitivo" para esta iniciativa, con la que se prevén legalizar unas 450 de las 600 viviendas con sentencia de derribo que hay en la región.

En concreto, se han añadido cinco enmiendas del PRC-PP para modificar y "mejorar" el texto original presentado por el Gobierno, una de las cuales coincidía con otra del PSOE y que ya se incorporó en le trámite de ponencia.

Mientras, las diez enmiendas de los socialistas, aunque no van contra el "espíritu" y "esencia" de la ley, "no casan" con el texto, aunque se podría llegar a acuerdos a través de enmiendas transaccionales, según han indicado los portavoces del PP y PRC, Iñigo Fernández y Rafael de la Sierra, respectivamente.

El diputado 'popular' ha destacado que los cambios introducidos se orientan a solicitar la autorización provisional "tan pronto como" la revisión del PGOU esté "suficientemente madura" como para demostrar ante los tribunales que las viviendas tengan "acomodo" en la ley.

Entre los cambios acordados, destacan que las autorizaciones provisionales podrán solicitarse a propuesta de interesados o alguien de oficio, y en el proyecto de ley ha quedado reflejado también que el ejercicio de este derecho quedará exento de tributo.

Además, PRC y PP han coincidido en no aceptar la propuesta del PSOE, explicada por su diputado Miguel Ángel Palacio, de que los ayuntamientos que reserven el 20% de su patrimonio municipal del suelo previsto en los capítulos I y II --en vez del 10% contemplado inicialmente-- para hacer frente a su responsabilidad.

Los socialistas introdujeron esta cuestión para diferenciar a los municipios que "han hecho las cosas bien" de los que no, pero PRC y PP lo ha rechazado por la situación económica en que están las administraciones locales y que, en algunos casos, haría "inviable" su funcionamiento, como ha explicado el portavoz 'popular'.

Así, ha pedido "poner los pies en el suelo", ya legislar "es muy fácil", pero "asumir los efectos de las leyes no es tan fácil". Además, ha reflexionado sobre si se aplicara esta "regla de tres" al Gobierno, al que se pondría "al límite" al tiempo que se seguirían pidiendo subvenciones y ayudas, por ejemplo.

Por su parte, Palacio se ha mostrado partidario de las medidas que se adopten tendentes a agilizar la tramitación de los planes generales de ordenación urbana, algo que también ha recalcado De la Sierra.

Además, Fernández ha hecho un repaso por la situación de los derribos en Cantabria, que se originó en la década de los 90 con la concesión de distintas licencias a obras que posteriormente han anulado los tribunales.

Esto ocasionaría un "daño tremendo" a 600 familias cántabras y supondría, además, un desembolso cercano a los 260 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones, cuando en "muchos" casos "al día siguiente" se podrían volver a construir las viviendas prácticamente en el mismo lugar.

De ahí el proyecto de ley de autorizaciones provisionales para tratar de legalizar 450 construcciones.