SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es "un paso histórico para consolidar el Estado de Bienestar y para luchar contra la pobreza y la desigualdad".
"Este Gobierno nació con el propósito de trabajar por una sociedad más justa, poniendo en marcha medidas como ésta que nadie va a poder revertir nunca más", ha enfatizado Quiñones tras aprobarse la medida que llegará a 850.000 hogares de todo el país en los que viven 2,3 millones de personas.
En su opinión, esta medida es equiparable a lo que supuso en su día la puesta en marcha de las ayudas de atención a la dependencia, las pensiones o el acceso a la sanidad universal". "Con este Gobierno avanzan los derechos de las personas y la justicia social", ha apostillado.
Para Quiñones, la puesta en marcha de este Ingreso Mínimo Vital hace que "nuestro país sea hoy un poco más digno que ayer" gracias a esta medida "histórica" impulsada por el Gobierno de España "que trabaja y seguirá trabajando para que nadie se quede atrás".
El Ingreso Mínimo Vital, que será de carácter permanente, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
La delegada ha destacado que es "la respuesta del Gobierno al problema estructural de pobreza que existe en España y que hasta ahora no ha sido suficientemente atajado por las políticas existentes".
Además, ha señalado que su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente.
Según las estimaciones del Gobierno, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los que tienen niños. De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30% son menores. También habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% están encabezados por una mujer.
La renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales. El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año.
