El fiscal de Medio Ambiente del TS afirma que en la tramitación de los delitos urbanísticos se está "un poco como en el Far West" SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
"El derecho penal está para ser cumplido". Así de tajante respondió el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo (TS), Antonio Vercher Noguera, sobre su valoración de las leyes de punto final urbanísticas, que desde algunos colectivos, incluido en Cantabria, se quiere establecer para evitar demoliciones de viviendas con sentencias firmes.
En el transcurso de una ponencia en las II Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente, en el Paraninfo de La Magdalena, y a preguntas en el coloquio, en este caso del vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, Vercher Noguera aseguró que en relación con las leyes de punto final él es partidario de "aplicar la ley".
En este sentido, la Asociación de Damnificados por la Justicia (AMA), ha solicitado reiteradamente la declaración de esta ley de punto final para evitar la demolición de diversas urbanizaciones en el litoral cántabro, con sentencia firme, como es el caso de la urbanización 'El Encinar' de Arnuero.
Durante el coloquio, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, interpeló sobre la posibilidad de remitir casos a la Fiscalía de Madrid, ya que, en varias ocasiones esta asociación ecologista ha puesto en duda la efectividad de la de Cantabria.
A este respecto, Vercher Noguera indicó que "absolutamente" se pueden remitir denuncias a su gabinete, si bien desde Madrid luego se trasladarán a la fiscalía correspondiente, en este caso, Cantabria.
El fiscal del TS aseguró que se quiere crear una "base de datos" para que tanto fiscales como jueces tengan acceso a "este tipo de resoluciones" en materia ambiental y urbanística, si bien indicó, que en la tramitación de delitos urbanísticos "hasta cierto punto esto es un poco como el Far West", en el sentido de "perspectiva de pionerismo".
Vercher Noguera también abogó porque los artículos del Código Civil sobre urbanismo no se conviertan "en disposiciones de naturaleza puramente ornamental", para conseguir devolver a la sociedad española "la tranquilidad" y "la paz pública".
Así, el fiscal del Supremo apostó por dar "los pasos que democráticamente hay que dar" para que "la sociedad española" perciba la corrupción como "algo de carácter puramente incidental", situación previa a los 'pelotazos urbanísticos'.
LOS ESPAÑOLES, ECOLOGISTAS DE PUERTAS PARA FUERA
El fiscal de Medio Ambiente del TS también señaló que las sociedad española, desde la temática medioambiental, mantiene "una actitud un poco peculiar", ya que "todo el mundo es muy ambientalista de puertas para fuera", mientras que "de puertas para adentro, a la hora de separar la basura y a la hora de cumplir adecuadamente" con los "estrictos elementos de medio ambiente, la actitud es totalmente distinta".
Vercher Noguera también abordó el índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional, en el que España retrocede, por segundo año consecutivo, fundamentalmente por el incremento de casos y su difusión, en el sector urbanístico, fruto, según el fiscal, de "nuevos modus operandi", cuya resolución es "extraordinariamente complicada".
Según jurisprudencia del TS difundida por el ponente, el Derecho Administrativo "hasta el momento", y en determinadas situaciones, "ha sido incapaz de resolver los aspectos más elementales que implica la ordenación del territorio", hasta desembocar en "una situación que raya lo inaceptable". Esta situación ha provocado una "inquietud social", que ha hecho "absolutamente inevitable" el "uso del derecho penal".
LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS DEBEN CUMPLIR LA LEY
Según destacó Vercher Noguera, han sido varios los "problemas" a los que se han enfrentado tanto fiscales como jueces penalistas sobre delitos de urbanismo, como es "la dispersión" de la normativa autonómica "y, sobre todo local", que en ocasiones es "demasiado flexible" y "parece desconocer la existencia de un Código penal". Otro escollo son los convenios urbanísticos cuando éstos modifican el planeamiento con fórmulas que no se ajustan a la ley, ya que "lo único que permite el convenio de planeamiento es la posibilidad de establecer las bases posteriores en virtud de las cuales se inicie un proceso de revisión o modificación".
"La posibilidad de modificar el planeamiento a través del convenio es absolutamente imposible", agregó, tras especificar que "sin embargo en la práctica está ocurriendo con absoluta frecuencia", hasta el punto de que hay "sentencias absolutorias en la vía penal perfectamente desconocedoras de la materia, donde tanto el juez como el fiscal simplemente ven que hay un determinado convenio" y "en relación con algo que era una auténtica barbaridad en materia urbanística se legaliza", dictándose "sentencia de absolución".
Par el fiscal de Medio Ambiente, este tipo de sentencias demuestran que "se desconoce en su totalidad la esencia del convenio urbanístico", lo mismo que está ocurriendo con "el estudio de detalle" de los planeamientos.
La no publicación por algunas administraciones de los planeamientos es otro de los grandes problemas en los tribunales, pues impide la "eficacia" en la acción penal.
En este sentido, el anteproyecto de la Ley del Suelo es claro en que todos los instrumentos de ejecución urbanísticas "deben de ser sometidos taxativamente al trámite de información pública", y en caso contrario, la Fiscalía podrá incoar presunto delito "de prevaricación".
Por último, Vercher Noguera destacó que un "objetivo" crucial en la lucha contra los delitos relacionados con el urbanismo es la coordinación de "todos los cuerpos de seguridad del Estado", para "aprovechar todos y cada uno de los esfuerzos" de un equipo humano "importante" y "bien preparado".
