Díaz-Cano afirma que el asentamiento ilegal de temporeros en Las Pedroñeras (Cuenca) permanece activo

Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: viernes, 16 julio 2010 18:24

CUENCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 170 personas -50 de ellas menores de edad- se encuentran viviendo en un asentamiento ilegal de temporeros agrícolas en las cercanías del vertedero municipal de Las Pedroñeras (Cuenca), un campamento que "no reúne las condiciones de salubridad y seguridad mínimas y exigibles", según ha resaltado este viernes en Cuenca el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano.

En rueda de prensa, el representante del Ejecutivo central ha advertido de que este tipo de asentamientos suelen generar además molestias con la población local y problemas de convivencia.

Así las cosas, ha explicado Díaz-Cano que el asentamiento se encuentra en terrenos privados por lo que es el propietario el que tiene que instar a los órganos judiciales a que tomen las medidas oportunas para terminar con otro allanamiento.

Por el contrario, un asentamiento similar de la localidad de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) que llegó a acoger a más de dos centenares de personas -entre ellos 90 menores- ha comenzado a desmantelarse.

Díaz-Cano, ha indicado que a primera hora de la mañana de este viernes "ya sólo quedaban unos 5 vehículos y unas 20 personas" y la previsión es que a lo largo de la jornada de hoy quede completamente expedito.

El abandono de este asentamiento en terrenos de propiedad municipal se ha producido después de que la Administración haya localizado a los empleadores y éstos se hayan hecho cargo del alojamiento de los temporeros que trabajan en sus tierras.

Díaz-Cano ha recordado que la legislación obliga a los empresarios agrícolas a proporcionar alojamiento a sus empleados si éstos trabajan fuera de su residencia habitual como ocurre en este caso, ya que la mayoría de los temporeros residen habitualmente en las provincias de Badajoz y Córdoba.

El representante del Gobierno central en Castilla-La Mancha ha aclarado que el hecho de que los trabajadores procedan principalmente de países de la Unión Europea como Rumanía no altera "en absoluto" esta obligación legal.

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