Consideran que aún no es tarde y cifran en un 30 por ciento las residencias que están "muy afectadas"
VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
CCOO y UGT han pedido un pacto de atención a mayores en el que se involucren tanto la administración autonómica como las entidades locales, sindicatos y empresas para tomar medidas a corto y largo plazo frente al COVID-19 porque consideran que aún no es tarde para ello ante una situación "muy preocupante" con un 30 por ciento de residencias "muy afectadas".
Así lo han señalado este viernes las responsables de Política Social de UGT y CCOO en Castilla y León, Azucena Pérez e Inmaculada de Pablo, respectivamente, en una rueda de prensa virtual en la que han analizado la situación de la dependencia ante el coronavirus.
Inmaculada de Pablo ha advertido de que la pandemia ha cambiado las "reglas del juego" en la Comunidad, donde se ha priorizado prestación de servicios frente a la económica para los 104.800 dependientes y la lista de espera para el reconocimiento de los mismos (unas 140.000 prestaciones, ya que algunos tienen más de una reconocida) es de las más bajas de España.
Así, ha explicado que la situación de la dependencia en Castilla y León no era negativa porque un gran número de dependientes tenían servicios asistenciales, con un alto porcentaje de personas en residencias, con atención domiciliaria tipo teleasistencia (que no entraña riesdo en relación al coronavirus) y otras personas con atención domiciliaria.
Precisamente este hecho, que el 80 por ciento de las personas reciban una atención mediante un servicio asistencial, ha supuesto el hecho de que cambien dichas "reglas de juego" en Castilla y León y ya los sindicatos advirtieron desde primeros de marzo a Servicios Sociales de la necesidad de tomar medidas preventivas como el uso de equipos de protección o inspecciones que evitaran la afectación, algo que respaldaron el Procurador del Común, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, etcétera.
Sin embargo, hay un 30 por ciento de residencias "muy afectadas" pero otro número importante de centros que no tienen una afectación muy grande, lo qeu supone que aunque la actividad tenía unos protocolos establecidos por la Junta, en algunos casos no se siguió, ya que no hay razones para que haya estas diferencias.
EVITAR EMPEORAMIENTOS
Ante esta situación y la visibilización de la situación, De Pablo considera que es un "buen momento" para pensar y analizar cómo actuar para que la situación no vaya "a más".
Precisamente por eso reclaman un pacto por la atención a los mayores que establezca medias "a corto y largo plazo" porque hay diferentes situaciones en función de los servicios que se prestan.
Así, por ejemplo, hay más de 8.000 personas que tenían atención en centros de día y ahora no y ha apuntado que no es lo mismo la excepcionalidad de 15 días que mucho tiempo sin este tipo de atención y las familias en un primer periodo han atendido a estas personas, pero ahora necesitan una solución porque tienen un derecho reconocido que no se está atendiendo.
Por otro lado, cree que tiene que haber un mantenimiento de los servicios con garantías de seguridad para los trabajadores y los usuarios porque hay un número importante de bajas temporales por miedo a que no se han utilizado los protocolos necesarios para su atención, lo que ha dado inseguridad y se ha retirado el servicio, lo que supone una preocupación por la falta de atención a las personas que lo percibían y el efecto que pueda tener en el empleo.
En cuanto a las residencias, ha incidido en que todas las residencias, tanto públicas como privadas, son responsabilidad de la Junta, y ante una realidad "terrible, durísima, muy complicada" en un 30 por ciento, en muchos casos debido a que no se ha actuado bien, hay una situación "muy severa" que "no puede continuar" y cree que se está a tiempo de tomar medidas para que no vaya a más.
A este respecto, Azucena Pérez ha explicado que actualmente se están haciendo pruebas a los residentes y se contará con un conocimiento más real de la situación, lo que permitirá actuar mejor, tras lo que ha recordado la cifra preocupante de que el 80 por ciento de los fallecidos en residencias o eran personas con síntomas o han tenido la enfermedad.
EXTREMAR MEDIDAS
Por ello, considera imprescindible que en los centros, sobre todo en los más que tienen datos muy negativos, algunos de ellos con el cien por cien de usuarios y trabajadores afectados, se extremen las medidas, sobre todo en protección, ya que no se han tomado a tiempo, se ha tenido una lenta actuación y se ha hecho "a matacaballo", de la misma forma que en muchos casos ha habido problemas organizativos al no poder sustituir a personal enfermo.
Pérez ha señalado que donde hay una afectación grave se debería asumir la dirección temporalmente, pero ha aclarado que no es momento de pedir responsabilidades, algo que podrá hacerse cuando se realicen análisis de lo ocurrido.
Por el momento, ha reclamado que se traslade a personas a otros centros o residencias cuanto la situación no sea la adecuada, porque hay algunas residencias "familiares" en las que no se puede separar como en otras por habitaciones o plantas.
Así, cree que es necesario un "plan de actuación" y han elaborado una serie de propuestas que quieren hacer llegar a la consejera de Familia, Isabel Blanco, si es que les convoca, para presentar medidas concretas en un momento que considera que es el de "sumar" esfuerzos.
Azucena Pérez ha insistido en que lo primero es conocer la situación en la ayuda a domicilio y las residencias, la realidad de la afectación, algo que es más fácil en las residencias con la realización de pruebas. En cualquier caso, ha abogado por que, en caso de duda, se utilice el principio universal de precaución y se trate a todos como si fueran afectados.
Entre las medidas que propone está la utilización de equipos de protección "reglamentarios" porque "no vale otra cosa, extremar las medidas de limpieza y desinfección al máximo y en casos como la asistencia en domicilios que se acumulen tareas y en lugar de que una trabajadora vaya a varias casas esté más horas en uno en el que pueda hacer fierentes tareas, de manera que se reduzcan los riesgos.
Las responsables sindicales creen que aún hay tiempo de "taponar" la situación después de que algunas otras medidas hayan fallado como las inspecciones, algunas de las cuales se han hecho por teléfono, pero además han destacado la incidencia que esto ha podido tener sobre el sistema sanitario, ya que las medidas preventivas habrían tenido un efecto positivo e impedido la sobrecarga en los centros sanitarios.
En cuanto a los servicios domiciliarios, otras propuestas de los sindicatos pasan por incrementar la teleasistencia y los servicios de comida a domicilio, incorporar actuaciones como la compra o atender las necesidades famacéuticas y un servicio de atención telefónica que permita hacer un seguimiento para actuar lo antes posible, sobre todo con las personas que viven solas.
