Los ERTE en concesionarios de CyL afectarán a 5.000 trabajadores

Actualizado: miércoles, 25 marzo 2020 12:39

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La solicitud de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por parte de los concesionarios de automóviles debido a la crisis derivada del coronavirus afectará a 5.000 trabajadores de los 166 establecimientos que hay en Castilla y León, según estimaciones de la patronal, Faconauto.

Como señala en un comunicado remitido a Europa Press, los concesionarios de automoción "se están acogiendo mayoritariamente" a estos ERTE por causa de fuerza mayor, incluido en el decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, ya que consideran que les permitirá "proteger el empleo y dar continuidad a sus empresas una vez se recupere la normalidad".

A nivel nacional estos ERTE afectarán a alrededor de 151.000 trabajadores, mientras que otros 10.000 se mantendrán operativos en todo el territorio nacional para atender las peticiones de servicios urgentes de los sectores estratégicos para la gestión de la crisis provocada por la pandemia.

La actividad de los concesionarios cesó totalmente desde que se declarara el Estado de Alarma, tanto en su parte comercial como en su parte de posventa, salvo los servicios de urgencia que establecieron, lo que ha provocado una caída en sus ventas de vehículos nuevos del 85 por ciento, mientras que los trabajos en los talleres han caído un 99 por ciento.

Faconauto cuantifica en cerca de 2.500 millones de euros el impacto del periodo de estado de alerta sobre la facturación de las redes de concesionarios Faconauto ha indicado que la aprobación de los ERTE, que los concesionarios ya están presentando, es "esencial" para que el sector "pare el primer golpe" provocado por la crisis y que son "la base sobre la que cimentar la recuperación", ya que "permitirán conservar el empleo", algo que considera "prioritario".

Por ello, Faconauto ha pedido "celeridad" para su tramitación administrativa y que haya "uniformidad de criterios" en las comunidades autónomas a la hora de resolverlos.

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