Una encuesta de la Fundació Pere Tarrés indica que el 13% de los menores tiene un hogar inseguro
BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La inseguridad en la vivienda afecta a la salud física y emocional de los niños y ésta se ha agravado a causa de la pandemia del coronavirus, según un estudio del Observatorio de Promoción de la Infancia de la Fundació Pere Tarrés basado en una encuesta a 176 familias usuarias de los centros socioeducativos de la entidad.
"Existe una relación directa entre la calidad de la vivienda y la salud de los niños", ha afirmado la jefa de metodología y estudios de la fundación, Rosalina Alcalde, durante la presentación del trabajo este miércoles, en la que también ha participado la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vil.
El estudio, que se ha complementado con datos cualitativos de los educadores, ha constatado que la pobreza puede generar secuelas importantes cuando se da en edades tempranas, que "la presencia de menores incrementa el riesgo de caer en exclusión social" y que el riesgo más grande se da en los hogares monomarentales.
Así, el trabajo indica que hasta un 6% de los menores viven en casas inseguras, que el 7% de las familias con hijos tienen deudas relacionadas con la vivienda --frente al 2% de las que no tienen hijos--, que el 16% de las familias sufren pobreza energética y que el 13% de los niños tiene un hogar inseguro.
De las 176 familias encuestadas --un 65% de las cuales sólo cuenta con la figura de la madre--, un 46% considera que está en riesgo de perder su vivienda, un 10% está ocupando el apartamento o casa en la que vive, un 8% alquila una habitación y un 6% vive en una vivienda social.
La Síndica ha corroborado que la inestabilidad residencial y las dificultades en este ámbito "provocan un estado de irritabilidad, nerviosismo y soledad" en los menores, y tienen consecuencias en su salud mental y física, y ha recordado la responsabilidad de las administraciones locales en esta área.
"Hay muchas dificultades para obtener una vivienda de protección oficial", ha recordado Vil, que ha añadido que la pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto negativo en las familias vulnerables y sus hijos, y que ha reivindicado la educación, el acceso al ocio educativo y la vivienda digna como derechos de los menores.
IMPACTO EN LA SALUD
El estudio ha constatado que la calidad de la vivienda, problemas económicos en este ámbito, la inestabilidad residencial y la pérdida de la vivienda, el hacinamiento en el hogar, la convivencia forzada y la ocupación son situaciones que afectan "enormemente" en la salud física y emocional de los menores, según Alcalde.
Así, el 23% de los encuestados ha reconocido afectaciones físicas en los menores a causa de su situación residencial, un 22% ha asegurado tener problemas en la intimidad familiar, un 7% tiene problemas de sueño, un 7% trastornos alimentarios, un 4% problemas de higiene y un 3% ha referido problemas con el tabaquismo.
Alcalde ha recordado, además, que "convivir con adultos que no sean de la familia puede conllevar riesgos de abusos físicos y sexuales" y ha destacado la importancia de adquirir herramientas para ayudar a los menores y las familias a sobrellevar el duelo de la pérdida de vivienda o la inestabilidad en este ámbito.
RECOMENDACIONES
Al acabar la presentación del estudio, el director de Relaciones Institucionales y de la Red de Centros Socioeducativos de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, ha leído un documento con diez propuestas y recomendaciones para mejorar la situación de la infancia en el ámbito de la vivienda.
Entre las acciones prioritarias que ha comentado Ruiz de Gauna, destaca la de regular los precios de la vivienda, la de ofrecer más prestaciones para sufragar los gastos en vivienda de las familias con hijos y la de establecer protocolos para acompañar a las familias en procesos de desahucio.
También ha pedido que se incrementen los centros socioeducativos y la coordinación con las escuelas y servicios sociales, que se impulsen actividades de verano y el ocio educativo, que se mejore la detección y atención de los abusos infantiles y que se atienda a la salud mental de los menores en riesgo residencial.
