El Parlament valida eximir a particulares y pymes de las tasas judiciales

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha validado este miércoles con el voto a favor de CiU, ERC, PSC, PP y C's, el voto en contra de ICV-EUiA y la abstención de la CUP el decreto ley 1/2014 de tasas y precios públicos de la Generalitat, que exime a particulares y pequeñas empresas de pagar tasas judiciales.

La aplicación del decreto supondrá que los ciudadanos y las pymes con un volumen de negocio inferior a un millón de euros queden exentos del pago de las tasas judiciales en los ámbitos civil y contencioso administrativo.

El conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha defendido la necesidad de revisar la tasa de la Generalitat --avalada por el Tribunal Constitucional (TC)-- para evitar los "efectos disuasorios" de acceso a la justicia que podrían derivar de la covivencia de las tasas catalanas y las del Gobierno central.

La diputada de ERC Gemma Calvet ha explicado que apoyan los cambios en el gravamen "por responsabilidad" pese a no compartir algunos aspectos de la tasa, y ha reclamado que se remarque la condición transitoria de esta tasa que, ha dicho, deriva de la asfixia financiera del Gobierno central sobre Catalunya.

También Ferran Pedret (PSC) ha defendido el apoyo de su grupo al decreto alegando que es una buena noticia eximir a particulares y pymes del pago de las tasas, pero ha subrayado que los cambios no les satisfacen plenamente y ha preguntado qué sucede con aquellos ciudadanos que pagaron el impuesto mientras estuvo vigente.

El diputado de C's José Manuel Villegas ha apoyado los cambios en el gravamen porque "votar en contra supondría que la ley se aplicase como está", pero ha subrayado la oposición de su grupo a las tasas judiciales y ha llamado al Govern a aceptar su error y derogar el gravamen.

Aunque ha respaldado el decreto, Sergio Santamaría (PP) ha acusado al Govern de elaborar "un monumento a la hipocresía política que pretende arrancar el aplauso fácil por un gesto puramente oportunista", y ha negado que las tasas judiciales del Gobierno central pongan trabas a la justicia gratuïta.

Isabel Vallet (CUP) ha criticado que el Govern hable ahora de efecto disuasorio de acceso a la justicia cuando antes lo negaba, y ha justificado la abstención de su grupo porque, aunque son partidarios de que el acceso a la justicia sea justo e igual, el decreto "mejora un poco las exenciones".

Salvador Milà (ICV-EUiA) ha explicado el voto en contra de su grupo porque rechaza que se incorporen tasas para acceder a un servicio público como la justicia, aunque ha reconocido que el decreto "disminuye enormemente" el gravamen aprobado inicialmente.

ANTECEDENTES DEL DECRETO

El decreto llegó tras el acuerdo entre la Conselleria de Justicia, el Consejo de la Abogacía Catalana y el Consejo de Colegios de Procuradores de Catalunya, gestado tras semanas de negociaciones y después de la sentencia del TC que avaló la aplicación de la tasa catalana.

En ese acuerdo se decidió también ampliar los supuestos que quedarán exentos del pago de la tasa: demandas de ejecución, reconversiones y las solicitudes de concurso; también se acordó mantener el mínimo de 60 euros y el máximo de 120 en la aplicación de la tasa.