Actualizado 30/12/2015 12:16

España y Marruecos acuerdan vetar el acceso de porteadores hasta el 12 de enero

CEUTA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Las autoridades españolas y marroquíes han pactado no permitir el acceso a Ceuta de porteadores desde este jueves, día de Nochevieja, y hasta el 12 de enero, justo después de la fiesta que conmemora el fin del Protectorado francés en el país vecino, para intentar normalizar y agilizar el tránsito por la frontera del Tarajal, que este miércoles ha vuelto a amanecer colapsada por los miles de marroquíes que cada día entrar en la ciudad autónoma para llevar todo tipo de mercancías sobre sus espaldas o en coches al país vecino.

   Según han informado fuentes gubernamentales a Europa Press, las autoridades de ambos países acordaron limitar este miércoles a "400 ó 500" el contingente de porteadores que pudiese entrar en la ciudad autónoma para acabar con las avalanchas que, a última hora de la mañana, se han venido repitiendo en la frontera oficial, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que desplegar este martes a sus unidades especializadas en control de masas para contenerlas.

   Ante las nuevas restricciones, "cientos" de personas han intentando a primera hora de la mañana entrar en Ceuta por el puente del Biutz (un paso habilitado exclusivamente para la salida hacia territorio marroquí hasta las 13.00 horas de porteadores con sus bultos), donde han sido repelidos por la Policía Nacional, según han explicado fuentes de la Jefatura Superior local.

   La Delegación del Gobierno en Ceuta viene señalando desde hace meses al aumento "exponencial" del número de marroquíes dedicados con pasaportes de la provincia de Tetuán que facilitan su acceso a la ciudad sin visado al transporte de mercancías al Reino alauita sin controles aduaneros oficiales como el motivo principal de los colapsos e incidentes que casi a diario se registran en el Tarajal.

   Las últimas estimaciones cifran hasta en 15.000 el volumen de ciudadanos del país vecino dedicados a esa forma de negocio, que según el Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) no deja grandes rendimientos económicos en la ciudad española pero sí lastra su capacidad de atracción de turistas desde el país vecino.

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