Innova.- Más de 125.000 ciudadanos de la Comunitat disponen de un certificado de firma digital de la ACCV

Actualizado 24/12/2007 14:03:29 CET

VALENCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, aseguró hoy que más de 125.000 ciudadanos de la Comunitat Valenciana disponen de un certificado digital de la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) y que alrededor de 200 entidades han suscrito un convenio de colaboración con la Generalitat para beneficiarse de las ventajas de la firma electrónica.

Fernando de Rosa destacó en un comunicado que la firma electrónica es "un instrumento esencial" para ofrecer "un mejor servicio al ciudadano", ya que "facilita y agiliza enormemente sus gestiones ante la administración con las garantías y seguridad jurídica necesarias". Asimismo, indicó que la ACCV permite utilizar otros certificados reconocidos como es el caso del DNI-e.

El titular de Justicia aseguró que para el próximo ejercicio y durante la fase inicial de consolidación de la nueva forma jurídica de la ACCV, se mejorarán los servicios básicos que ya se están prestando y se abordarán otros nuevos, entre los que se encuentran la emisión de certificado de empleado público, el archivo electrónico, los servicios avanzados de gestión electrónica para administración local y los servicios de facturación electrónica.

De Rosa incidió en que uno de los objetivos de su departamento es ampliar el número de Puntos de Registro de Usuario en la Comunitat Valencia para que un mayor número de ciudadanos "pueda acceder cómodamente a los servicios de certificación".

Para lograr esta finalidad, se está barajando la posibilidad de poner Punto de Registro de Usuario (PRU) en los consulados más importantes de la Comunitat para facilitar el acceso a los certificados a los ciudadanos extranjeros residentes en la autonomía valenciana.

En la actualidad, esta red, que da cobertura al 80 por ciento de la población de la Comunitat, dispone de 341 Puntos, de modo que se ha consolidado como la más amplia de entre los diferentes prestadores de servicios de certificación españoles.

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha suscrito 142 convenios con los ayuntamientos y está en curso la firma de otros tres más para la creación de estos puntos. Además, cuentan con este sistema 22 colegios y asociaciones de profesionales, las cinco universidades públicas de la Comunitat, las Diputaciones provinciales, mancomunidades y otros organismos públicos como el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva), el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), entre otros.

Además, entre las iniciativas para 2008, el titular de Justicia y Administraciones Públicas hizo hincapié en el proyecto de firma en móvil que "permitirá llevar a cabo operaciones de firma electrónica reconocida o autenticación robusta de usuarios desde cualquier terminal móvil y desde cualquier lugar, reduciéndose la necesidad de disponer de determinado equipamiento y conexión a la Red".

"HORIZONTE DE POSIBILIDADES".

Por otra parte, destacó que el hecho de que la Autoritat de Certificació sea ahora una entidad de derecho público "abre un horizonte de posibilidades de servicio, tanto al ciudadano como a administraciones públicas y entidades privadas".

La ACCV inició su actividad en el año 2000 con la constitución de su infraestructura técnica y desde entonces ha proporcionado los servicios propios de un prestador de servicios de certificación, tal y como se recoge en la legislación sobre firma electrónica.

Fernando de Rosa aseveró que la Generalitat fue el primer gobierno autonómico en poner en marcha un organismo prestador de servicios de certificación, seguido, más de dos años después, por los gobiernos catalán y vasco.

En esta línea, remarcó que con el fin de fomentar el uso y desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, además de los proyectos mencionados, la ACCV lleva a cabo diversas acciones formativas destinadas al colectivo de empleados públicos y a la ciudadanía en general.