VALENCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, manifestó hoy que "es vergonzosa y sospechosa la manera en que el Ministerio de Cultura ha dado a conocer, con nocturnidad y alevosía, la resolución del PEPRI --'Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral'-- de El Cabanyal".
Grau se pronunció en estos términos en un comunicado tras "conocer la nota de prensa del Ministerio de Cultura" acerca de la orden emitida por este departamento en la que declara "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del PEPRI y obliga a suspender su ejecución en el conjunto histórico del barrio valenciano del Cabanyal-Canyameral, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Al respecto, defendió que "nueve sentencia judiciales, incluidas tres del Tribunal Supremo, garantizan la legalidad del PEPRI" y aseguró que "en la zona no declarada BIC, donde el Ministerio no tiene competencias, el plan continúa adelante". "La resolución del Ministerio de Cultura sólo afectaría a la zona BIC", insistió.
Alfonso Grau, en una primera valoración, hizo hincapié en que "es realmente sospechoso que el Ayuntamiento de Valencia, como parte personada en el litigio, no haya recibido todavía comunicación oficial de las intenciones del Ministerio, mientras que los servicios de propaganda del Gobierno socialista se han encargado esta tarde de difundir una información sobre la paralización del plan".
El también concejal de Grandes Proyectos del consistorio valenciano subrayó asimismo que el PEPRI "está avalado por nueve sentencias judiciales, entre las que se incluyen tres del Tribunal Supremo, que ratifican la legalidad del plan".
"Las sentencias judiciales se han producido con la valoración positiva de los informes técnicos de patrimonio cultural, incluso en los dictámenes del Supremo se descartaba el expolio y se afirmaba que el PEPRI contribuirá a la regeneración de los barrios", sentenció.
Por otro lado, el edil 'popular' señaló que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia "estudiarán la resolución del Ministerio de Cultura y acometerán las acciones legales pertinentes".
En cualquier caso, Grau apuntó que "el modo en que se ha producido la notificación, sólo dirigida a los medios de comunicación, denota una clara intencionalidad política" que, en su opinión, no está "nada ajustada al fin que dice perseguir", sino "por el contrario, muy vinculada a una estrategia del Gobierno de Rodríguez Zapatero de arremeter constantemente contra los intereses de los valencianos".
Por último, cuestionó "por qué el Gobierno socialista, a principios del los 90, no paralizó el plan urbanístico del barrio de La Barceloneta con los mismos argumentos que utiliza ahora y, sin embargo, sí que pretende frenar la modernización de los barrios del marítimo de Valencia". "¿Por qué el PSOE permitió a Barcelona lo que ahora quiere prohibir a Valencia?", se preguntó Grau.
