El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, ha señalado que los servicios jurídicos y económicos municipales trabajan en la presentación ante el juzgado de un "calendario de pagos" tras la sentencia que condena al consistorio a pagar 283 millones de euros más intereses a dueños de terrenos del parque natural de Serra Gelada en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.
También ha señalado que la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico "para atender parte de la indemnización" reconocida en esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es una "ventana de oportunidad" que han visto los técnicos del área económica y que se "abrió este mismo martes" y es posible porque "las cuentas del Ayuntamiento están perfectamente saneadas".
Así lo ha trasladado el primer edil en una rueda de prensa celebrada este jueves "para explicar el último paso dado por el consistorio en este asunto, un trámite del que ya se informó en la tarde de ayer a los grupos de la corporación en una reunión de la junta de portavoces", según detalla la administración local en un comunicado.
Desde el Ayuntamiento de Benidorm recalcan que "el Fondo de Impulso Económico está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la comunidades autónomas y entidades locales, que proporciona liquidez a ayuntamientos saneados para facilitarles el pago de deuda o de sentencias firmes, entre otras".
Y apunta que, "por el contrario, el Fondo de Ordenación va destinado a las entidades locales que se encuentran en una situación de riesgo financiero o con dificultades para refinanciar deuda en condiciones de prudencia financiera".
PETICIÓN DE ADHESIÓN AL FONDO
El alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento, "por el momento, solo ha cursado la solicitud de adherirse a este fondo por una cuantía máxima de 55 millones de euros, que es la que han establecido los propios técnicos del área Económica en atención a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al plazo como a los intereses, porque el plazo finalizaba a las 24 horas de ayer, miércoles".
Una vez cursado el trámite, y en el caso de que el Ministerio de Hacienda resolviese favorablemente la solicitud, "será el pleno quien determine si efectivamente" el consistorio se adhiere a este fondo y "quien fije la cuantía final a solicitar", un importe que, "según recogen las propias condiciones del Ministerio, tendría que reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5%", ha concretado el primer edil.
Asimismo, Pérez ha indicado que la petición de adhesión al fondo "es una de las distintas vías que se están estudiando por parte del Ayuntamiento para hacer frente al pago de la sentencia del APR-7 y que, en paralelo, los servicios jurídicos y económicos municipales siguen trabajando en un calendario de pagos que se presentará ante el juzgado, así como en establecer cuáles han de ser los próximos pasos" del consistorio sobre este asunto.
De este modo lo subrayan desde el equipo de gobierno, al tiempo que reiteran que la información al respecto, "como hasta ahora, será comunicada con total transparencia e inmediatez a los grupos políticos de la corporación y a la ciudadanía".
El consistorio indica que, "al margen de los aspectos económicos de la sentencia indemnizatoria, los técnicos municipales siguen trabajando en el estudio pormenorizado de la reciente sentencia del TSJCV relativa a la nulidad de los convenios urbanísticos que han dado lugar a la indemnización millonaria a favor de los propietarios del suelo, así como de la viabilidad jurídica y conveniencia al interés público de la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la misma".
"Si la situación económica del Ayuntamiento no fuera la actual, sino la que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, con una deuda heredada de 95 millones de euros, nunca nos podríamos haber acogido a este Fondo de Impulso Económico", ha enfatizado Pérez.
"VOLUNTAD" DE "NO" SUBIR IMPUESTOS
Además, ha defendido: "En solo seis ejercicios, con mucho trabajo y buena gestión, este gobierno local consiguió rebajar a cero esos 95 millones de euros de deuda heredada y, a su vez, seguir transformando la ciudad y mejorando servicios, como es constatable".
"Nuestra voluntad y decisión es que no se suba ningún impuesto para tener que atender este pago", ha sentenciado, para luego volver a lanzar un mensaje de "tranquilidad y mucha prudencia": "Seguimos ocupados y preocupados en defender el interés general de Benidorm. En este caso, adquiriendo y preservando un suelo en el parque natural de la Serra Gelada, al precio que ha marcado el alto tribunal valenciano y que, cuando se dé cumplimiento a esa sentencia, pasará a ser patrimonio de todos los benidormenses y de generaciones futuras y donde no se va a construir más".