Plantea que se tenga en cuenta la capacidad económica "real" del beneficiario y que el pago se fraccione en 11 y no en 14 cuotas
VALENCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) ha pedido a la Conselleria de Bienestar Social que la aportación de los usuarios en los centros para discapacitados no supere el 75 por ciento del coste, y no llegue hasta el 90 por ciento como estaba previsto. También plantea que se tenga en cuenta la capacidad económica real de beneficiario, así como que se establezca el pago en once cuotas y no en 14.
Éstas son algunas de las propuestas que ha planteado el Cermi y que ha enviado por escrito a la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, firmado por el presidente del comité, Joan Planells. De este forma, la entidad responde a las propuestas planteadas por Bienestar Social el pasado 24 de febrero para "moderar" el impacto económico de la aplicación del decreto de copago en centros y residencias de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
La primera propuesta del Cermi CV es que se establezca una capacidad económica "real" del beneficiario, que tenga en cuenta no solo sus ingresos, sino también "el objeto al que se deben destinar y los gastos asociados". Así, a la hora de determinar su capacidad, aboga por sustraer de la misma las prestaciones por hijo a cargo, gran invalidez o ayuda a tercera persona; las obligaciones tributarias y gastos de mantenimiento del capital mobiliario; y los gastos generados por el ejercicio de la tutela.
También plantea, para poder garantizar "los gastos básicos para una vida digna", "reconsiderar" una vez más "el dinero de bolsillo", ya que entiende que los 215 euros propuestos "suponen indudablemente una mejora pero no permite atender todas las necesidades del colectivo.
Del mismo modo, critica que la orden de copago actual establezca que la participación del usuario puede llegar hasta el 90 por ciento de su coste, lo que considera "absolutamente inadmisible". "Si hasta la fecha la participación era del 75 por ciento en aquellos servicios en que quedaba establecida dicha aportación por una legislación de hace más de 30 años, la nueva norma, no puede suponer un retroceso a una situación anterior", destaca.
El colectivo, además, pide que desparezca la imposición del copago en 14 pagas, y que éstas se reduzcan a once. Así, advierte de que "el efecto psicológico que hace sobre las familias que dice que se les da atención once meses y pagan 14 meses, es desolador".
Asimismo, propone que se cambie la consideración de las viviendas tuteladas y de los centros de integración y rehabilitación social, de modo que se estudie la aplicación de nuevas fórmulas de participación.
Por otro lado, indica que si las aportaciones de los usuarios tienen por objeto "contribuir al mantenimiento del sistema", estas contribuciones pasan a tener la consideración de tasas y como tal, éstas requieren ser aprobadas por el parlamento y recaudadas por el organismo público pertinente.
NUEVO DECRETO
El Cermi considera "indispensable" que se elabore un nuevo decreto y una nueva orden que modifiquen las propuestas del Consell y "anulen todo lo contrario a estos principios". Asimismo, el comité entiende que deben cambiarse las normativas que "contradicen al código civil o la legislación actual, como es el caso de la suspensión del servicio".
"Todas estas modificaciones no pueden quedar reducidas a un acuerdo de andar por casa, si no que han de tener el rango de legislación pertinente, revocando las anteriores", destaca el colectivo en el escrito.
